Los educadores aseguran que reciben mensajes intimidatorios por WhatsApp y celular, con exigencias económicas y amenazas de muerte. Algunos ya pidieron ser trasladados de sus lugares de trabajo.
Las amenazas están llegando directamente a los teléfonos de los docentes. Educadores de colegios oficiales de Barranquilla denuncian que delincuentes los están contactando mediante llamadas y mensajes para exigirles dinero y advertirles sobre posibles represalias.
La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades por José Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), quien aseguró que ya son más de 15 los maestros afectados durante 2026.
Según el dirigente sindical, los mensajes enviados por WhatsApp y SMS incluyen intimidaciones en las que los docentes son amenazados con ser declarados “objetivo militar” si no cumplen con las exigencias económicas.
La cifra preocupa al sector educativo porque los casos se siguen acumulando. Jiménez señaló que durante 2025 fueron reportados más de 20 episodios de extorsión contra docentes, mientras que en lo corrido de este año ya se contabilizan más de 15.
El origen de las amenazas no sería el mismo en todos los casos.
De acuerdo con Adeba, algunas situaciones estarían relacionadas con delincuencia común y, en determinados sectores, incluso podrían involucrar a personas que conocen de cerca a integrantes de la comunidad educativa.
Otros casos, en cambio, estarían vinculados con organizaciones criminales. El sindicato también ha identificado situaciones en las que las intimidaciones presuntamente son coordinadas desde centros penitenciarios.
La presión sobre los profesores ha llegado al punto de llevar a algunos de ellos a solicitar un cambio de institución o de lugar de trabajo para proteger su integridad.
Sin embargo, estos procedimientos no avanzan con la rapidez que esperan los educadores.
Jiménez explicó que, aunque la normativa contempla un periodo de tres meses para este tipo de trámites, algunos maestros continúan esperando los resultados de los estudios de seguridad que debe realizar la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La demora deja a los docentes ante una decisión compleja: algunos terminan regresando a las instituciones donde fueron amenazados, mientras otros prefieren renunciar a la posibilidad de contar con medidas de protección y continuar trabajando en el mismo territorio.
El sindicato también mira con preocupación los próximos meses.
Según Jiménez, existe el riesgo de que las extorsiones y amenazas aumenten durante el cierre del año, debido a que históricamente este periodo ha registrado un incremento de este tipo de hechos.
Ante este panorama, los docentes reclaman una respuesta más rápida frente a las denuncias y a las solicitudes de protección, especialmente en los casos donde ya existen amenazas directas contra la vida y la seguridad de los educadores.
Mientras tanto, Adeba mantiene el seguimiento a los casos reportados y pide que las autoridades aceleren las acciones para evitar que las intimidaciones terminen afectando la permanencia de los maestros en los colegios oficiales de Barranquilla.
