Una denuncia presentada por la Alcaldía señala posibles irregularidades en la transferencia y posterior subdivisión de un terreno que debía destinarse a espacios públicos. El predio habría sido vendido después a varias sociedades.
La controversia por la entrega de terrenos públicos en Puerto Colombia sigue creciendo. A la investigación que puso bajo la lupa un predio valorado en más de $50.000 millones se suma ahora otro caso, relacionado con un lote cuyo valor supera los $10.000 millones.
El terreno, ubicado en la carrera 20 con calle 2, fue entregado gratuitamente a Alfredo Manuel Montoya Hoyos durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong, en 2017.
El predio hacía parte de los terrenos que Cementos Argos había transferido al municipio para destinarlos a espacios de uso público y zonas verdes.
Sin embargo, de acuerdo con las denuncias conocidas, el terreno terminó bajo control de particulares y posteriormente fue dividido en varios lotes.
La situación comenzó a ser detectada por la Administración municipal hace aproximadamente tres años, luego de recibir varias denuncias.
En ese momento se ordenó cancelar la matrícula inmobiliaria 040-445198, correspondiente al inmueble.
Pese a esa actuación, Alberto Cianci, líder del barrio Villa Campestre, asegura que el terreno continúa siendo manejado por particulares y que incluso habría sido subdividido.
Cianci afirmó que, junto con representantes de Argos, revisaron la matrícula original y encontraron que el inmueble había sido fraccionado.
Según explicó, las autoridades ya pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía con el propósito de recuperar el predio, aunque actualmente no existe claridad sobre cuál será su destino definitivo.
El dirigente comunitario cuestionó que terrenos entregados al municipio para beneficiar a la población terminen en manos privadas.
“Estos lotes no se le pueden regalar a nadie ni ceder”, sostuvo, al señalar que deberían servir para desarrollar zonas verdes y otras obras necesarias para la comunidad.
La incertidumbre también alcanza el futuro inmediato del terreno.
Un residente de la zona, quien pidió mantener su identidad en reserva, aseguró que ha observado señales que podrían indicar la intención de desarrollar algún tipo de construcción.
Según su relato, en el sector se habla de la eventual construcción de una unidad residencial, aunque no existe certeza sobre los planes del beneficiario ni sobre las actuaciones realizadas en el predio.
La Oficina Asesora Jurídica de Puerto Colombia presentó en 2023 una denuncia penal contra el particular que recibió el terreno.
La investigación solicitada contempla posibles delitos de falsedad en documento público y fraude procesal.
Uno de los elementos que llamó la atención de la Administración fue una inconsistencia relacionada con las fechas de la documentación utilizada para registrar el inmueble.
La Alcaldía señaló además que la resolución que supuestamente respaldaba la transferencia gratuita del terreno a Montoya Hoyos no aparecía en sus propios archivos.
A esto se suma la presunta utilización de otra resolución inexistente para dividir el inmueble en cinco lotes.
De acuerdo con la denuncia, los terrenos posteriormente fueron vendidos por Montoya Hoyos a diferentes sociedades.
Según la Anotación No. 003 del 29 de septiembre de 2022, registrada en la Notaría Novena de Barranquilla, las operaciones involucraron a González Garcés S. A. S., Henao Roldán S. A. S., Colinsa de Colombia S. A. S. y Saad Roldán & CIA S. EN C.
La Administración pidió a la Fiscalía establecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.
El caso podría representar una afectación de alrededor de $3.437 millones en el valor catastral, mientras que el valor comercial del predio superaría los $10.000 millones.
El actual alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, también acudió ante la Fiscalía para solicitar que se revisen las circunstancias que rodearon la transferencia y que se verifique la documentación utilizada para realizarla.
Por su parte, el exalcalde Steimer Mantilla manifestó su disposición a colaborar con las autoridades frente a las dudas relacionadas con la autenticidad y el origen de algunos de los documentos involucrados.
Este caso se suma a otra cesión que ya había generado cuestionamientos en Puerto Colombia.
Se trata de un terreno de aproximadamente 5.082 metros cuadrados, localizado en la Vía al Mar, que Argos había entregado al municipio en 2011 con el propósito de desarrollar una zona verde.
Sin embargo, el 9 de noviembre de 2017, durante la administración de Mantilla Rolong, se expidió una resolución mediante la cual el predio fue transferido gratuitamente a Francisco Javier Pizarro Guerra.
La Alcaldía identificó posteriormente, en 2024, que este tipo de terrenos estaban relacionados con las contraprestaciones que realizan propietarios de inmuebles por las plusvalías generadas a partir de actuaciones urbanísticas municipales.
El predio, según la información conocida durante la investigación, tendría actualmente un valor superior a $50.000 millones y su situación también ha generado cuestionamientos sobre el impacto en el avalúo catastral.
Con ambos casos bajo revisión, las autoridades deberán determinar cómo se produjeron las transferencias, qué documentos fueron utilizados y si los terrenos terminaron siendo destinados a fines diferentes de aquellos para los que fueron entregados al municipio.
