El regreso del rector elegido por el Consejo Superior se produce tras la suspensión de la intervención del Ministerio de Educación. La comunidad universitaria pide que la disputa jurídica no termine afectando las clases, los recursos ni los proyectos de la institución.
La Universidad del Atlántico vuelve a enfrentar un cambio en su dirección. La decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que dejó en suspenso la intervención del Ministerio de Educación abrió el camino para el retorno de Leyton Barrios a la rectoría y puso fin, por ahora, al periodo de Rafael Castillo Pacheco como rector interventor.
El movimiento jurídico vuelve a poner a la principal universidad pública del departamento en el centro de una disputa institucional que lleva varios meses. Mientras se define el futuro del proceso judicial, estudiantes, egresados y autoridades universitarias coinciden en una preocupación: que la incertidumbre administrativa no termine trasladándose a las aulas.
Para el abogado y egresado de la Universidad del Atlántico Jesús Sañudo, la decisión judicial tiene aplicación inmediata al tratarse de una medida cautelar adoptada en segunda instancia.
Su interpretación es que, al quedar suspendido el acto administrativo que permitió la intervención del Ministerio de Educación, también pierden sustento las decisiones que se desprendieron de ese procedimiento.
Entre ellas estarían la separación de Barrios de la rectoría, la designación de un inspector in situ y el nombramiento de Castillo como rector interventor.
Sañudo explicó que esta situación se relaciona con la figura jurídica de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos y citó el artículo 298 del Código General del Proceso para respaldar la obligación de cumplir de manera inmediata la providencia.
En consecuencia, sostuvo que la universidad deja temporalmente atrás el esquema de intervención y que Leyton Barrios debe asumir nuevamente la rectoría mientras la jurisdicción contenciosa adopta una decisión definitiva sobre el proceso.
El abogado también señaló que, durante este periodo, vuelve a cobrar plena relevancia la autonomía universitaria contemplada en el artículo 69 de la Constitución y desarrollada por la Ley 30 de 1992.
Una eventual acción de tutela tampoco suspendería por sí misma la decisión del Tribunal. De acuerdo con Sañudo, ese mecanismo constitucional no funciona como una instancia adicional dentro del proceso judicial.
El incumplimiento de la orden, agregó, podría generar consecuencias disciplinarias y eventualmente investigaciones relacionadas con un posible fraude a resolución judicial.
La Procuraduría General de la Nación también reclamó que el fallo fuera acatado y posteriormente abrió una investigación disciplinaria contra Rafael Castillo Pacheco.
El organismo de control además ordenó su suspensión del cargo, al considerar que las actuaciones que lo mantenían como rector interventor habían perdido sustento tras la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico.
La medida añadió un nuevo componente a una controversia que ya había involucrado al Ministerio de Educación, al Consejo Superior Universitario y a diferentes sectores de la comunidad académica.
Con el cambio de rectoría, la principal expectativa de los estudiantes es que la disputa institucional no altere el calendario académico.
Entre los asuntos que requieren atención aparecen la contratación, los programas de investigación, los subsidios de alimentación, el mantenimiento de las instalaciones y la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
También existe preocupación por el estado de algunos escenarios deportivos y edificios del campus.
El representante de los egresados ante el Consejo Superior, Abraham González, consideró que el fallo permite recuperar el funcionamiento institucional y pidió revisar decisiones adoptadas durante el periodo de intervención.
Entre los puntos que mencionó están las condiciones de la pista atlética, la cancha de béisbol y el bloque H. También planteó la necesidad de realizar una auditoría para conocer con mayor precisión la situación financiera de la universidad y revisar la contratación efectuada durante los últimos meses.
Desde el sector estudiantil también surgieron interrogantes sobre el manejo de los recursos.
Juan Chamorro, estudiante de séptimo semestre de Ciencias Políticas, afirmó que desde la misión estudiantil de observación y verificación de recursos han seguido las actuaciones administrativas de la institución.
Chamorro cuestionó que, después de conocerse la decisión del Tribunal, se hubieran celebrado de manera acelerada alrededor de 291 contratos por un valor cercano a los $14.000 millones.
El estudiante manifestó preocupación por el impacto que, según su perspectiva, estas decisiones podrían tener sobre el patrimonio universitario.
Su principal petición es que la nueva etapa administrativa tenga como prioridades la protección de los recursos, la calidad académica y la continuidad de las actividades educativas.
También advirtió que nuevos conflictos o un eventual paro podrían terminar afectando directamente a los estudiantes y retrasando el calendario académico.
Mientras avanza el proceso judicial, Leyton Barrios inició el empalme con Rafael Castillo, acompañado por la Procuraduría como garante.
El rector manifestó que su intención es recuperar la estabilidad de la institución y retomar proyectos que, según señaló, quedaron pendientes durante los últimos meses.
Una de sus primeras tareas será reunirse nuevamente con decanos, profesores, estudiantes y trabajadores para reconstruir la hoja de ruta de la universidad.
Barrios también confirmó que el calendario académico continuará con normalidad y anunció una nueva ceremonia de grados para el 14 de agosto.
Está previsto que asuma el cargo en propiedad hoy lunes.
El estado de los escenarios deportivos aparece entre los asuntos que la nueva administración deberá atender.
Barrios recordó que buena parte de estas instalaciones fueron construidas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, pero algunas han sufrido deterioro debido a la falta de mantenimiento.
Entre los espacios señalados están las piscinas, la cancha de sóftbol y la pista atlética. Sobre esta última, explicó que se activaron pólizas para realizar trabajos de reparación.
El rector también planteó fortalecer estas instalaciones por su importancia tanto para la práctica deportiva como para la formación académica de los estudiantes de Educación Física.
Rafael Castillo, por su parte, confirmó que dejó la rectoría el jueves a la 1:00 de la tarde.
A través de sus redes sociales sostuvo que durante su gestión buscó estabilizar la universidad y superar la crisis institucional que motivó la intervención.
El exrector interventor defendió los resultados alcanzados durante su administración y aseguró que deja una institución en funcionamiento, con proyectos de inversión y condiciones de gobernabilidad.
Castillo también insistió en que su llegada tuvo como propósito reducir los conflictos internos y no profundizarlos.
El nuevo relevo vuelve a evidenciar la compleja situación administrativa que ha atravesado la Universidad del Atlántico durante los últimos años.
Intervenciones, disputas judiciales y cambios en la dirección han generado un escenario de incertidumbre que, según los distintos sectores consultados, puede terminar afectando la ejecución de proyectos, la infraestructura y la vida académica.
Ahora, mientras la justicia resuelve de fondo la controversia, la expectativa de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados está puesta en que la universidad pueda recuperar estabilidad y concentrarse en sus funciones principales: educación, investigación, ciencia y formación profesional.
El desafío para la nueva administración será avanzar en esa agenda sin que la disputa jurídica vuelva a paralizar el rumbo de la institución.
