El organismo de control abrió un hallazgo fiscal contra la ANI al considerar que la infraestructura, concluida hace más de dos años, sigue sin operar por obras pendientes en el corredor Bogotá–Villavicencio.
Aunque el Viaducto Chirajara fue terminado hace cerca de dos años y medio, la estructura aún no presta servicio. Esta situación llevó a la Contraloría General de la República a abrir un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La decisión se conoció tras una auditoría de cumplimiento al Contrato de Concesión 4G de iniciativa privada Chirajara–Fundadores y a otros contratos relacionados con este importante corredor vial, que conecta a Bogotá con Villavicencio.
Según el informe del ente de control, la ANI no habría realizado oportunamente las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales necesarias para resolver los problemas que impiden la puesta en funcionamiento del viaducto.
La auditoría, que evaluó la gestión desarrollada entre 2022 y 2025, concluyó que la falta de acciones para superar estos obstáculos mantiene inactivo un tramo estratégico de la carretera.
La Contraloría explicó que aproximadamente 6,5 kilómetros de doble calzada continúan fuera de servicio debido a reparaciones que aún deben ejecutarse en el Túnel 13 y el Puente 1, también conocido como Quebrada Seca.
De acuerdo con el organismo, un laudo arbitral emitido el 10 de noviembre de 2023 estableció que estas intervenciones son responsabilidad de la ANI y resultan indispensables para garantizar la operación del viaducto y del corredor vial.
El informe también señala que distintos segmentos de la concesión fueron habilitados progresivamente entre junio de 2015 y febrero de 2024. Sin embargo, la infraestructura no ha podido operar en su totalidad debido a que persisten los daños en las obras complementarias que conectan con el viaducto.
Para la Contraloría, esta situación ha impedido que una parte de la inversión realizada cumpla el propósito para el que fue concebida, al mantenerse sin uso una infraestructura ya construida.
El hallazgo fiscal hace parte de una actuación administrativa y no constituye una decisión definitiva sobre responsabilidades. La Contraloría indicó que continuará con las etapas correspondientes del proceso para determinar si existen responsabilidades fiscales derivadas de las irregularidades detectadas durante la auditoría.
