Cinco conexiones ilegales fueron desmanteladas durante una intervención en el sistema regional. Las autoridades advierten que el hurto de agua es un delito y anuncian que los controles continuarán.
Cada litro de agua recuperado representa una mejora para miles de habitantes del sur del Atlántico. Esa fue la conclusión de un operativo realizado en el acueducto regional Manatí-Candelaria, donde fueron eliminadas varias conexiones clandestinas que estaban reduciendo el caudal destinado al abastecimiento de las comunidades.
La intervención permitió recuperar 4 litros de agua por segundo, una cantidad que ahora volverá a ingresar al sistema de distribución. Según la empresa AQsur, el volumen equivale a 346 metros cúbicos diarios, suficiente para llenar aproximadamente 35 carrotanques de agua cada día.
Durante las labores de inspección, los equipos técnicos localizaron y desmontaron cinco tomas no autorizadas instaladas sobre la tubería que transporta el agua desde el Canal del Dique hasta la planta de tratamiento.
De acuerdo con AQsur, estas conexiones hacían parte del caudal que se pierde diariamente por prácticas ilegales, estimado en cerca de 35 litros por segundo dentro del sistema regional.
La empresa explicó que los operativos son el resultado de varias semanas de seguimiento y control sobre los 16 kilómetros de red de conducción, donde se ha detectado que algunos puntos intervenidos vuelven a ser utilizados de manera ilegal, lo que obliga a mantener vigilancia permanente.
El agua recuperada contribuirá a mejorar el suministro para los habitantes de Manatí, Candelaria, Leña y Carreto, poblaciones que dependen de este acueducto regional para su abastecimiento.
Desde la compañía operadora destacaron que cada conexión clandestina eliminada permite aumentar la disponibilidad del recurso y fortalecer la eficiencia del sistema, además de proteger una infraestructura considerada estratégica para el suministro de agua potable.
La jornada contó con el respaldo de la Secretaría de Agua Potable de la Gobernación del Atlántico, el CTI de la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional y funcionarios de las alcaldías de Manatí y Candelaria, quienes acompañaron las labores de inspección y brindaron apoyo en materia de seguridad.
La Gobernación reiteró que el hurto de agua potable constituye un delito en Colombia y recordó que quienes incurran en esta práctica pueden enfrentar penas privativas de la libertad, además de multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier conexión irregular y contribuir a la protección de la infraestructura pública, con el fin de garantizar un acceso más equitativo al agua para las comunidades beneficiarias.
