Barranquilla. A pocos días del cambio de Gobierno, distintos análisis económicos coinciden en que la administración entrante asumirá el país en un escenario marcado por importantes desafíos fiscales, económicos y sociales. El deterioro de las finanzas públicas, la desaceleración de varios sectores productivos, la crisis del sistema de salud, el aumento de la inseguridad y las tensiones en el escenario internacional figuran entre las principales problemáticas que deberá afrontar el nuevo Ejecutivo.
Uno de los diagnósticos más recientes fue presentado por la Universidad EAFIT, cuyo informe Coyuntura y Perspectivas de la Economía Colombiana advierte que el país atraviesa un periodo de elevada incertidumbre, condicionado tanto por factores internos como por el contexto económico mundial. El estudio señala que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han impulsado el incremento de los precios del petróleo y otras materias primas, generando efectos sobre la economía internacional y reduciendo el dinamismo de mercados estratégicos para Colombia, como el de Estados Unidos.
A este panorama se suma el reciente endurecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos. La administración estadounidense impuso un arancel del 12,5 % a cerca de un tercio de las exportaciones colombianas, argumentando deficiencias en los controles para prevenir el trabajo forzoso. La medida representa un nuevo episodio de tensión bilateral, pese al acercamiento diplomático registrado entre ambos gobiernos durante una reunión celebrada en Washington a comienzos de 2026.
En materia fiscal, los indicadores reflejan uno de los mayores retos para la próxima administración. Un análisis publicado por The Economist proyecta que Colombia cerrará 2026 con un déficit fiscal equivalente al 6,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), el tercero más alto entre 43 economías evaluadas, solo superado por Brasil y Polonia. La cifra supera ampliamente la meta establecida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y evidencia la necesidad de adoptar medidas orientadas al saneamiento de las finanzas públicas.
Frente a este escenario, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, anunció que una de las primeras acciones del nuevo Gobierno será la reducción del gasto público en 60 billones de pesos. La estrategia contempla, además, avanzar en la disminución gradual del déficit fiscal, fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado y generar condiciones que permitan recuperar la confianza de los mercados y dinamizar la inversión.
Aunque el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó un crecimiento del 4,1 % en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) durante mayo de 2026, impulsado principalmente por las actividades de comercio, transporte y servicios, sectores como la agricultura, la construcción, la industria manufacturera y la minería continúan mostrando rezagos y esperan políticas que favorezcan su recuperación y competitividad.
A los retos económicos se suman otros desafíos estructurales que heredará la nueva administración, entre ellos la crisis financiera del sistema de salud, el fortalecimiento de la seguridad en diferentes regiones del país y la preparación frente a un eventual racionamiento de energía asociado al fenómeno de El Niño, previsto para 2027. Estos factores configuran un panorama que exigirá respuestas integrales y decisiones de corto y mediano plazo para garantizar la estabilidad económica y social del país.
