La ministra encargada Cielo Rusinque pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema adelantar una investigación imparcial sobre las acusaciones de presunta violencia sexual contra el exgobernador del Magdalena, sin afectar el debido proceso.
La gravedad de las denuncias conocidas recientemente contra el exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo motivó un pronunciamiento oficial del Ministerio de Justicia. La cartera pidió que los hechos sean investigados con celeridad y total transparencia por las autoridades competentes.
La ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque, solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia desarrollar una investigación rigurosa e imparcial que permita establecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio, las denuncias hacen referencia a presuntos actos de violencia sexual contra una niña y su madre. Los hechos habrían ocurrido en 2023, cuando la menor tenía ocho años, y se suman a otros señalamientos de acoso sexual que anteriormente han sido formulados por distintas mujeres.
Rusinque calificó las acusaciones como hechos de «extrema gravedad» y advirtió que este tipo de casos también deben analizarse desde la posibilidad de que existan patrones de abuso de poder que permanezcan ocultos por el temor de las víctimas o por la influencia de las personas señaladas.
La funcionaria insistió en que durante el proceso judicial es indispensable brindar protección a las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, al tiempo que recordó que toda actuación debe respetar las garantías procesales y la presunción de inocencia.
Asimismo, enfatizó que cualquier manifestación de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las formas más graves de vulneración de derechos y debe ser rechazada con firmeza por las instituciones.
Finalmente, la ministra encargada sostuvo que ningún cargo público, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un obstáculo para el esclarecimiento de este tipo de denuncias. En ese sentido, reiteró que la protección de los menores de edad frente a cualquier forma de violencia sexual es una responsabilidad ineludible del Estado y de todas las autoridades.
