Un juzgado especializado concluyó que la propiedad fue comprada con dinero del narcotráfico y que, durante años, pasó por distintos titulares para ocultar su procedencia. La investigación permitió reconstruir toda la cadena de transferencias.
Una decisión judicial en Medellín ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble relacionado con el exarquero René Higuita, al establecer que la propiedad fue adquirida originalmente con recursos provenientes del narcotráfico.
La determinación fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso.
Según la investigación, la vivienda, ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, fue comprada inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, identificado por las autoridades como presunto testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo «Kiko» Moncada, integrantes del extinto Cartel de Medellín.
De acuerdo con el expediente, la estrategia consistió en utilizar terceros para ocultar bienes adquiridos con dinero ilícito y dificultar que las autoridades identificaran su verdadero origen.
Con el paso del tiempo, el inmueble terminó registrado a nombre de René Higuita y de uno de sus familiares.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y estudios técnicos que permitieron reconstruir la historia de la propiedad y establecer la trazabilidad de las sucesivas transferencias de dominio.
Entre los elementos analizados figura un estudio grafológico que concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa, hallazgo que, según el fallo, ayudó a esclarecer la forma en que el inmueble fue cambiando de propietario.
Con base en ese conjunto de evidencias, el despacho judicial determinó que el bien conservaba un origen ilícito y ordenó la extinción del derecho de dominio, medida mediante la cual el Estado recupera bienes cuya adquisición estuvo ligada a actividades criminales.
La decisión se fundamenta en que, pese a las múltiples transferencias realizadas con el paso de los años, la investigación logró demostrar que la propiedad fue comprada inicialmente con recursos provenientes del narcotráfico y que las operaciones posteriores hicieron parte de un mecanismo para ocultar ese origen.
