Los implicados suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía, indemnizaron a la víctima y recibirían una condena de 70 meses de prisión.
Los seis procesados por el secuestro y las torturas de las que fue víctima el prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación y suscribieron un preacuerdo con el ente acusador, que contempla una pena de 70 meses de prisión para cada uno de los implicados.
Entre los procesados se encuentra Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, junto a Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.
Durante la continuación de la audiencia de formulación de imputación, el fiscal delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, explicó que los investigados aceptaron los delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.
El representante del ente acusador indicó que el preacuerdo parte de la pena mínima prevista para el delito de secuestro simple, equivalente a 128 meses de prisión, a la que se adicionaron 12 meses por el delito de tortura, para un total de 140 meses.
No obstante, al encontrarse el proceso en la etapa de formulación de imputación, la Fiscalía consideró procedente aplicar la rebaja del 50 % contemplada en la ley, fijando una pena definitiva de 70 meses de prisión para cada uno de los acusados.
«La Fiscalía considera que es viable concederle la rebaja del 50 % para que quede el preacuerdo en una pena a cumplir de 70 meses de prisión. Ese sería el preacuerdo que la Fiscalía hace con los indiciados. Considera la Fiscalía que ahí se dignifica la justicia», manifestó el fiscal durante la diligencia.
Como parte del acuerdo, la Fiscalía informó que la víctima fue reparada económicamente. Los procesados devolvieron los tres millones de pesos que la familia entregó durante el secuestro y, adicionalmente, pagaron cerca de 10 millones de pesos por concepto de indemnización integral, suma que incluyó la incapacidad médica de 20 días sufrida por el afectado.
Los hechos investigados
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando Carlos Alfredo Mejía Vargas fue sacado por la fuerza de su vivienda en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.
Según la Fiscalía, los hoy procesados actuaron de manera coordinada para privarlo de la libertad, al señalarlo de haberse apropiado de entre 15 y 30 millones de pesos pertenecientes a la empresa informal de préstamos «Soluciones Mano a Mano», donde se desempeñaba como cobrador.
La investigación señala que los implicados llegaron armados hasta la residencia de la víctima, intimidaron a sus familiares y obligaron a Mejía Vargas a subir a una motocicleta para trasladarlo hasta una vivienda ubicada en el barrio Las Granjas.
Durante varias horas permaneció retenido contra su voluntad, mientras sus captores exigían a sus familiares el pago de 15 millones de pesos a cambio de su liberación.
Al conocer que la familia no contaba con esa suma de dinero, los secuestradores, según la Fiscalía, plantearon como alternativa la entrega de una vivienda mediante la firma de una escritura pública a nombre de una persona designada por la organización.
El ente investigador también sostuvo que, durante el cautiverio, la víctima fue sometida a múltiples agresiones físicas y psicológicas con el propósito de obligarla a aceptar la supuesta desaparición del dinero y revelar su paradero.
Entre las agresiones documentadas se encuentran golpes de puño, patadas, ataques con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes, además de lesiones ocasionadas con la cacha y la punta de un arma de fuego, así como heridas con arma cortopunzante en una mano y una pierna.
El preacuerdo deberá ser avalado por un juez de conocimiento, quien determinará si cumple con los requisitos legales para su aprobación.
