El Ministerio Público advirtió que la omisión en la protección de los animales podría acarrear sanciones disciplinarias.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, considerada la intervención preventiva más amplia de la Procuraduría en materia de protección y bienestar animal, ante los reiterados incumplimientos detectados en distintas entidades territoriales frente a las normas vigentes.
La directriz establece 22 disposiciones dirigidas a alcaldes, gobernadores, ministerios, asambleas departamentales, concejos municipales y Juntas Defensoras de Animales, con el propósito de fortalecer las políticas de protección animal en todo el país.
Entre las principales medidas se encuentra la implementación inmediata de jornadas de esterilización, incluyendo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales en condición de calle, así como la creación o puesta en funcionamiento de centros de bienestar animal en todos los municipios, cuyos planes de acción deberán ser presentados ante la Procuraduría en un plazo de 90 días.
La Directiva también ordena a gobernadores y alcaldes avanzar en la formulación de los Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) y promover la creación de fondos municipales para la protección de los animales.
En materia de justicia, el organismo de control dispuso la capacitación de inspectores de Policía para la aplicación del Proceso Verbal de Maltrato Animal y la implementación del Curso de Sensibilización contemplado en la Ley Ángel.
Asimismo, instó al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal, pendiente desde octubre de 2025, y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los programas académicos.
Para supervisar el cumplimiento de estas disposiciones, se creó una Mesa Nacional de Seguimiento, coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, con participación de entidades nacionales, autoridades territoriales y organizaciones defensoras de animales.
La Procuraduría advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa podría constituir faltas disciplinarias, conforme a lo establecido en las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.
“Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio”, enfatizó el Ministerio Público.
