El proceso de liquidación tendrá una duración inicial de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la medida.
El Gobierno nacional expidió el decreto que ordena la liquidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, luego de que la Corte Constitucional ratificara la eliminación de esa cartera al considerar que no fueron subsanados los vicios de trámite detectados durante su creación.
La decisión judicial concluyó que el proyecto no contó con el aval fiscal requerido, uno de los requisitos fundamentales para su aprobación, razón por la cual el alto tribunal dejó en firme su desaparición.
De acuerdo con el decreto, el proceso de liquidación tendrá una duración inicial de un año contado a partir de la entrada en vigencia de la medida. Sin embargo, el plazo podrá ser prorrogado si el Gobierno considera que es necesario para culminar las actividades pendientes.
La norma también establece que el presidente Gustavo Petro tendrá un plazo de 30 días para designar al agente liquidador que estará encargado de dirigir el proceso.
Entre sus funciones estarán la administración y custodia de los bienes de la entidad, el cobro de acreencias, la celebración de contratos relacionados con la liquidación y la presentación de informes periódicos a la Presidencia de la República sobre el avance de las labores.
Asimismo, el funcionario designado deberá elaborar, en un término de 30 días, un programa para la supresión de los cargos existentes dentro de la entidad.
El decreto contempla la eliminación de todos los empleos vinculados al Ministerio de la Igualdad y prohíbe la vinculación de nuevos servidores públicos durante el proceso de liquidación. Según estimaciones conocidas, cerca de 580 personas quedarían desvinculadas como consecuencia de la medida.
El Ministerio de la Igualdad fue una de las principales apuestas institucionales del Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los primeros años de su mandato. No obstante, los bajos niveles de ejecución de sus programas y los cuestionamientos sobre su funcionamiento generaron críticas desde distintos sectores políticos y sociales.
En las últimas semanas, el Ejecutivo intentó impulsar en el Congreso una iniciativa para mantener la cartera, pero la propuesta no logró avanzar y terminó hundiéndose en el trámite legislativo.
Con la expedición del decreto, el Gobierno inicia formalmente el proceso para cerrar una de las entidades más emblemáticas de la actual administración, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Corte Constitucional.
