La decisión judicial incluye una multa superior a los $14 millones y está relacionada con el incumplimiento de una orden de disculpas públicas dirigida a madres de víctimas de falsos positivos.
La controversia judicial que involucra al representante a la Cámara Miguel Polo Polo sumó un nuevo capítulo. Un juzgado de Bogotá determinó que el congresista incumplió una orden emitida previamente por la Corte Constitucional y, como consecuencia, le impuso una sanción de arresto por tres días junto con una multa económica que supera los 14 millones de pesos.
La medida surge tras verificar que el parlamentario no realizó las disculpas públicas que le habían sido exigidas dentro de un proceso relacionado con declaraciones realizadas sobre familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, instancia que evaluó el cumplimiento de la tutela emitida por la Corte Constitucional en septiembre de 2025.
Tras revisar el caso, el despacho concluyó que el congresista no acató las instrucciones impartidas por el alto tribunal, razón por la cual fue declarado en desacato.
Además de la sanción privativa de la libertad, el fallo contempla una multa económica que deberá asumir el legislador.
Dentro de la orden judicial se establecieron lineamientos específicos sobre cómo debían presentarse las disculpas públicas.
Según el juzgado, el mensaje debía reconocer integralmente lo ordenado por la justicia, evitar expresiones que pudieran interpretarse como revictimizantes o ambiguas y mantenerse publicado durante al menos seis meses en las mismas redes sociales donde se originó la controversia.
Para la autoridad judicial, esas condiciones no fueron cumplidas.
El caso tiene su origen en hechos ocurridos durante una manifestación relacionada con la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, desarrollada en el Congreso de la República el 6 de noviembre de 2024.
Durante esa jornada, Polo Polo tomó una de las botas exhibidas en el evento y realizó una declaración que generó fuertes críticas y rechazo por parte de organizaciones de víctimas y sectores políticos.
Las expresiones derivaron posteriormente en acciones judiciales que terminaron llegando a la Corte Constitucional.
De acuerdo con la documentación analizada por el juzgado, el representante no solo dejó de cumplir con la rectificación ordenada, sino que mantuvo públicamente su postura frente a los hechos que motivaron el proceso.
Esa conducta fue uno de los elementos valorados por la autoridad judicial al momento de concluir que existía desacato a la orden constitucional.
Aunque la sanción ya fue impuesta, el caso continúa generando repercusiones jurídicas y políticas.
La decisión reafirma el alcance de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional y marca un nuevo episodio en la disputa que surgió a raíz de las declaraciones del congresista sobre las madres de víctimas de falsos positivos, un tema que ha provocado amplio debate en la opinión pública colombiana.
