La decisión del Gobierno reabre el debate sobre décadas de intervenciones, liquidaciones y cambios de operadores en el servicio de energía de la región Caribe. Expertos advierten que el proceso podría tomar años y exigir una cuidadosa reorganización del mercado.
La decisión ya está tomada. El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, una medida que vuelve a poner bajo la lupa los problemas estructurales que durante décadas han afectado la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe.
El anuncio revive una historia conocida para millones de usuarios: empresas intervenidas, operadores que desaparecen, promesas de mejora y una crisis que ha logrado sobrevivir a múltiples cambios administrativos.
Aunque la liquidación de Air-e abre un nuevo capítulo en el sector energético, los antecedentes muestran que la situación actual no surgió de manera repentina. La compañía recibió un sistema que arrastraba dificultades financieras, operativas y sociales acumuladas durante varios años.
Mucho antes de Air-e, la región estuvo bajo la operación de Corelca, una de las empresas estatales más importantes del sector eléctrico colombiano. La compañía integraba generación, transmisión y distribución de energía en varios departamentos de la Costa Caribe.
Sin embargo, durante la década de los noventa comenzaron a evidenciarse problemas financieros, pérdidas técnicas, dificultades de recaudo y falta de competitividad. La situación se deterioró progresivamente hasta desembocar en su liquidación definitiva en 2011.
Como parte de la reestructuración del sector eléctrico, surgieron Electrocosta y Electricaribe, empresas creadas para asumir la distribución del servicio en la región.
Posteriormente, ambos operadores pasaron a manos privadas y terminaron fusionándose. Así nació la Electricaribe que operó durante más de una década en siete departamentos del Caribe colombiano.
Pero los problemas persistieron. Las quejas por interrupciones frecuentes, infraestructura deteriorada y bajos niveles de inversión se multiplicaron, mientras la cartera morosa seguía creciendo.
En 2016, el Gobierno nacional intervino la empresa. A pesar de la inyección de recursos públicos, subsidios y programas de modernización, la situación financiera continuó deteriorándose hasta que en 2020 comenzó oficialmente su proceso de liquidación.
Tras la salida de Electricaribe, el mercado fue dividido entre dos nuevos operadores: Afinia y Air-e.
Ambas compañías recibieron cerca de 2,5 millones de usuarios y asumieron el compromiso de ejecutar inversiones superiores a los $7 billones para modernizar redes, reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio.
No obstante, las dificultades heredadas continuaron pesando sobre el sistema. Deudas acumuladas, subsidios pendientes, obligaciones con generadores y controversias alrededor de las tarifas terminaron afectando la sostenibilidad financiera de los operadores.
Uno de los puntos más cuestionados por usuarios y organizaciones sociales ha sido el régimen tarifario aplicado en la región Caribe.
Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, ha señalado que algunas medidas regulatorias elevaron significativamente los costos para los consumidores, generando inconformidad y movilizaciones masivas en distintos departamentos.
Las protestas alcanzaron uno de sus puntos más altos en 2024, cuando miles de usuarios salieron a las calles para reclamar una reducción en las facturas de energía.
Aunque el Gobierno ya anunció la liquidación de Air-e, especialistas advierten que este tipo de procedimientos suelen extenderse durante largos periodos.
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta recordó que la liquidación de Electricaribe todavía mantiene asuntos pendientes varios años después de haber iniciado el proceso.
Según explicó, el principal desafío será evitar que los problemas financieros y operativos de Air-e terminen trasladándose a los futuros operadores que asuman el servicio en la región.
Mientras se define el modelo que reemplazará a la compañía, millones de usuarios del Caribe permanecen atentos a una nueva transición en un sector que, durante más de tres décadas, ha estado marcado por intervenciones, reestructuraciones y liquidaciones sucesivas.
