El Ministerio de Transporte analiza mecanismos para conseguir los recursos que permitan desmontar la antigua estructura y destrabar el desarrollo portuario sobre el río Magdalena.
El futuro del antiguo puente Pumarejo sigue sin definirse, pero el Gobierno nacional ya evalúa una de las fórmulas que podría destrabar el proyecto de demolición: la creación de un documento Conpes que asegure la financiación de la obra.
La alternativa comenzó a tomar fuerza ante las dificultades para reunir los recursos necesarios y las crecientes presiones del sector portuario de Barranquilla, que insiste en la necesidad de desmontar la vieja infraestructura para ampliar las operaciones logísticas y marítimas en Atlántico y Magdalena.
Desde el Ministerio de Transporte reconocen que el proyecto implica una inversión de gran magnitud y que su ejecución requerirá respaldo financiero de largo alcance.
La ministra María Fernanda Rojas explicó que actualmente se estudian distintos esquemas de financiación y que incluso se contempla la posibilidad de desarrollar el proceso por etapas, dependiendo de la viabilidad técnica y presupuestal.
Según indicó, la propuesta del Conpes busca darle soporte institucional y económico a una obra que demandaría cientos de miles de millones de pesos y que no podría resolverse únicamente desde el sector transporte.
El desmonte completo de la estructura, añadió la funcionaria, podría extenderse durante aproximadamente cinco años.
Aunque esta es la principal alternativa en análisis, el Gobierno también revisa otros posibles mecanismos para intervenir el antiguo puente en caso de que el esquema inicial no avance.
La presión para tomar una decisión aumenta debido al impacto que la vieja estructura continúa generando sobre la navegación y el crecimiento portuario en Barranquilla. Distintos gremios consideran que la permanencia del puente limita el potencial logístico del nuevo Pumarejo y restringe el desarrollo de la actividad marítima sobre el río Magdalena.
La antigua infraestructura dejó de operar en diciembre de 2019, cuando entró en funcionamiento el nuevo puente Pumarejo, construido con una inversión cercana a los $800 mil millones.
Sin embargo, pese a estar fuera de servicio desde hace varios años, el viejo puente permanece en pie y se ha convertido en motivo de preocupación tanto por razones logísticas como por temas de seguridad.
La Contraloría General de la República ya había advertido desde octubre del año pasado que la estructura representa un obstáculo para la competitividad portuaria de la región. El organismo estimó que el proceso de demolición requeriría alrededor de $116 mil millones.
A esto se suma un frente judicial abierto recientemente. En abril, el Tribunal Administrativo del Atlántico inició un incidente de desacato contra Invías y el Ministerio de Transporte por incumplir una medida cautelar relacionada con el cerramiento del puente.
La acción fue impulsada por la Personería Distrital de Barranquilla, que alertó sobre el deterioro avanzado de la estructura y el riesgo que representa para la comunidad.
Dentro de las medidas ordenadas por el tribunal se incluyó la instalación de barreras físicas, muros y señalización preventiva en ambos extremos del puente para impedir el paso peatonal y vehicular debido al peligro existente en la zona.
