Gremios señalan que la medida no refleja las condiciones reales de la economía ni la capacidad de las empresas
La decisión del Gobierno nacional de decretar un incremento significativo del salario mínimo para 2026 desató una nueva controversia entre el Ejecutivo y los gremios empresariales, que consideran que el ajuste está “desconectado de las condiciones reales de la economía” y podría generar impactos negativos en el mercado laboral colombiano.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) fue una de las organizaciones que expresó su preocupación por el alcance del aumento, que supera ampliamente los indicadores técnicos tradicionales como la inflación y la productividad. Según el gremio, si bien mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores es un objetivo legítimo, el incremento definido no guarda proporción con el desempeño actual del aparato productivo ni con la capacidad real de las empresas para asumir mayores costos laborales.
Desde AmCham se advirtió que un aumento de esta magnitud podría afectar de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran una gran parte del empleo formal en el país y que ya enfrentan presiones por el alza de insumos, la desaceleración económica y la incertidumbre regulatoria. En ese escenario, señalaron, el encarecimiento de la nómina puede traducirse en menores contrataciones, congelamiento de plazas laborales o, en el peor de los casos, despidos.
Otros gremios, como asociaciones de pequeños empresarios y comerciantes, coincidieron en que el ajuste salarial podría incentivar la informalidad, un problema estructural de la economía colombiana. De acuerdo con estos sectores, cuando los costos de formalización superan la capacidad financiera de las empresas, especialmente en regiones y sectores de baja productividad, muchos empleadores optan por esquemas informales para sostener sus actividades.
Los empresarios también alertaron sobre un posible efecto inflacionario indirecto, ya que el aumento del salario mínimo suele servir como referencia para el ajuste de precios, tarifas y otros salarios, lo que podría presionar el costo de vida en un contexto en el que la inflación aún no se ha reducido por completo.
En contraste, el Gobierno ha defendido el incremento como una medida orientada a cerrar brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores, argumentando que el salario mínimo en Colombia ha perdido poder adquisitivo durante años y que es necesario un ajuste más ambicioso para impulsar la demanda interna.
El debate vuelve a poner en el centro la dificultad de conciliar las necesidades sociales con las limitaciones económicas del país. Mientras los gremios insisten en que las decisiones salariales deben basarse en criterios técnicos y en un diálogo tripartito equilibrado, el Ejecutivo sostiene que la prioridad es garantizar ingresos dignos, aun en medio de un entorno económico complejo.
