El uso de plataformas digitales y compras agregadas permitió adquirir bienes y servicios por mucho menos de lo proyectado entre 2022 y 2026.
Comprar mejor también es ahorrar. Bajo esa premisa, las entidades públicas en Colombia han logrado reducir de forma significativa sus costos de contratación en los últimos años, alcanzando un ahorro cercano a los $13,9 billones.
La cifra corresponde al periodo comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2026, en el que el Estado proyectaba gastar $27,4 billones en bienes y servicios. Sin embargo, gracias a nuevas estrategias de compra, el desembolso real fue de $13,5 billones, es decir, poco más de la mitad de lo estimado inicialmente.
Este resultado se explica por el uso de los llamados Mecanismos de Agregación de Demanda, herramientas diseñadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública que permiten a las entidades adquirir productos y servicios bajo condiciones más competitivas.
El sistema funciona a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, una plataforma donde proveedores previamente seleccionados compiten ofreciendo mejores precios según las necesidades de cada entidad. Este modelo reduce intermediarios, fomenta la competencia y permite cerrar negocios con condiciones más favorables.
Además del ahorro, las autoridades destacan otro efecto: una mayor participación de empresas. A los procesos se han sumado proveedores de distintos tamaños, incluyendo micro, pequeñas y medianas empresas, lo que amplía la oferta y dinamiza la economía.
En total, más de 2.000 entidades estatales han utilizado este modelo en los últimos años, con una alta participación de gobiernos locales y departamentales. El volumen de operaciones también ha sido significativo, con más de 77.000 órdenes de compra realizadas en ese periodo.
Entre los sectores donde más se han concentrado las compras están los servicios de aseo y cafetería, tecnología, combustible, grandes superficies comerciales y mantenimiento de vehículos, que lideran el uso de estos mecanismos por volumen de recursos.
También destacan entidades como la Armada Nacional, el INPEC, la Policía Nacional y varias administraciones territoriales, que han recurrido de manera constante a este sistema para abastecer sus necesidades.
Actualmente, el país cuenta con cerca de 30 mecanismos activos para adquirir desde papelería y dotaciones escolares hasta maquinaria, servicios financieros y materiales de construcción. A esto se suman nuevas herramientas en desarrollo que buscan ampliar aún más el alcance del modelo.
El balance que deja esta estrategia apunta a un objetivo claro: hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, reducir tiempos en los procesos de contratación y garantizar mayor transparencia en cada compra.
