Tras una jornada marcada por protestas, discusiones legales y presencia de la fuerza pública, el inmueble será llevado a subasta a finales de mayo mientras persisten cuestionamientos de la iglesia que lo ocupaba.
El operativo no pasó desapercibido. Entre cánticos, pancartas y reclamos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejecutó el desalojo del antiguo edificio de Titos Bolos, en el norte de Barranquilla, poniendo fin a una ocupación que llevaba años en disputa.
Durante varias horas, el procedimiento estuvo rodeado de tensión. Integrantes de la Iglesia Vida Abundante, que utilizaba varios locales del predio, se enfrentaron verbalmente con funcionarios de la entidad, mientras en el exterior se concentraban fieles bajo la vigilancia de la fuerza pública y el Ejército.
La intervención se sustentó en dos puntos clave: la ocupación considerada irregular y una deuda acumulada por arrendamiento que supera los 2.227 millones de pesos. Según la SAE, estos factores habilitaban la recuperación del inmueble como parte de un proceso de comercialización para evitar pérdidas al Estado.
Sin embargo, desde la defensa de la iglesia surgieron fuertes cuestionamientos. Sus representantes aseguraron que no existió una notificación individual previa y señalaron que la congregación ha permanecido en el lugar por más de dos décadas, invirtiendo —según su versión— más de 2.000 millones de pesos en su mantenimiento.
El pulso legal tuvo momentos de pausa. En medio de la diligencia, entidades de control solicitaron soportes administrativos que justificaran la intervención, lo que obligó a suspender temporalmente el procedimiento. Aun así, la situación se reactivó horas después cuando la SAE formalizó el acta correspondiente.
Con el documento en mano, funcionarios ingresaron a los espacios ocupados y comenzaron el inventario de los cuatro locales utilizados por la comunidad religiosa. Paralelamente, algunos feligreses lograron retirar mobiliario, equipos de sonido, sillas y otros elementos personales, que fueron trasladados en varios camiones.
Mientras tanto, otras áreas del complejo —como la antigua bolera, parqueaderos y zonas comunes— fueron inspeccionadas por la entidad, ampliando el control sobre el predio.
Al cierre de la jornada, los representantes legales de la iglesia aún no habían firmado el acta de desalojo, a la espera de posibles acciones judiciales que les permitan revertir la medida.
Más allá del conflicto, el destino del inmueble ya está en marcha. La SAE confirmó que el proceso de venta continúa y que la subasta se realizará los días 28 y 29 de mayo. El valor estimado del predio ronda los 14.000 millones de pesos y, por ahora, hay al menos dos interesados en adquirirlo.
El episodio deja abierto un nuevo capítulo judicial, mientras el edificio entra en la fase final de su transición hacia manos privadas.
