Los allegados al condenado sostienen que la opinión pública desconoce los límites jurídicos impuestos por el tratado de extradición, los cuales reducen su tiempo efectivo en prisión.
La familia de Jaime Saade Cormane, sentenciado por el asesinato de la joven Nancy Mestre en 1994, ha roto el silencio a través de un comunicado oficial. En el documento, instan a los medios de comunicación a ejercer un periodismo más riguroso, argumentando que las narrativas actuales omiten piezas clave del andamiaje jurídico que permitió su regreso a Colombia desde Brasil.
El núcleo de la controversia: 24 vs. 16 años
El punto de mayor fricción radica en lo que la familia denomina la «pena ejecutable». Según detallan, el proceso de extradición no fue un cheque en blanco; el Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso condiciones que la justicia colombiana debió acatar mediante un auto el 27 de febrero de 2024.
Reducción de cargos: El delito de acceso carnal violento no puede ser ejecutado en el país bajo el acuerdo internacional.
Tiempo de reclusión: La Boleta de Encarcelamiento No. 006 establece que Saade cumplirá una condena efectiva de 16 años por homicidio agravado, descontando además el tiempo que permaneció detenido en territorio brasileño.
Para los Saade, el hecho de que la prensa siga mencionando la sentencia original de 24 años sin explicar estas limitaciones técnicas genera una «percepción incompleta» y una presión social innecesaria sobre los jueces.
Defensa del debido proceso y una «versión inédita»
La familia también salió al paso de las críticas que califican sus recursos legales como maniobras dilatorias. Defienden que el debate sobre la prescripción de la pena es un derecho legítimo y no un intento de burlar la justicia.
Asimismo, recordaron que Jaime Saade fue juzgado como «reo ausente», lo que, según ellos, le privó de dar su testimonio en el juicio original. Como respuesta a este silencio de décadas, revelaron que el condenado se encuentra redactando un libro donde expondrá su versión de lo ocurrido en aquella madrugada del 1 de enero de 1994.
Un llamado al contraste de fuentes
El comunicado finaliza con una petición directa a los editores y periodistas del país para que:
Divulguen documentos oficiales que sustentan la situación actual de Saade (como el auto de extradición).
Diferencien técnicamente entre la pena impuesta por la justicia colombiana y la pena que legalmente se puede aplicar tras el tratado internacional.
Respeten la independencia judicial, evitando lo que consideran un «juicio mediático» paralelo que podría viciar el proceso.
