El uniformado fue sancionado tras comprobarse el uso desmedido de la fuerza durante protestas en Bogotá en 2021, que dejó a dos mujeres gravemente heridas.
Una intervención policial durante las protestas de 2021 en Bogotá sigue generando consecuencias. Esta vez, la Procuraduría tomó una decisión contundente: separar definitivamente del cargo a un patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) e impedirle ocupar funciones públicas por más de una década.
El sancionado, identificado como Álvaro José Guerra Ríos, fue hallado responsable de exceder los límites legales en medio de los disturbios registrados el 5 de mayo de ese año en la localidad de Suba. Según la investigación disciplinaria, su actuación provocó lesiones graves a dos mujeres que participaban en la jornada.
Uno de los casos resultó especialmente crítico. De acuerdo con el fallo, una de las víctimas perdió un ojo como consecuencia del procedimiento policial, lo que evidenció un uso desproporcionado de la fuerza en el operativo.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento, encargada del proceso, concluyó en primera instancia que el uniformado ignoró principios fundamentales que rigen este tipo de intervenciones, como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Estos elementos son clave para regular la actuación de la fuerza pública en escenarios de protesta.
Además, el organismo de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida de manera dolosa, es decir, con conocimiento de sus implicaciones.
La decisión implica no solo la salida inmediata del patrullero de la institución, sino también una inhabilidad de 16 años para ejercer cargos públicos, una de las sanciones más severas dentro del régimen disciplinario.
Este caso se suma a otros procesos derivados de las manifestaciones sociales de 2021, en los que se han evaluado actuaciones de la fuerza pública y su apego a los estándares de derechos humanos.
