La tarifa de energía eléctrica de Air-e registró un incremento del 7 % durante octubre, al pasar de $873 a $936 por kilovatio-hora. Aunque el ajuste corresponde a ese mes, los usuarios lo verán reflejado en las facturas que deberán pagar en noviembre.
El aumento representa una diferencia de $63 por kilovatio-hora y afecta a los usuarios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, quienes enfrentan nuevos costos en la prestación del servicio de energía eléctrica.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe advirtió que el incremento supera la inflación anual, ubicada en el 6,29 %, y expresó su preocupación por el impacto que tendrá sobre la economía de las familias de la región. A esta situación se suma el cobro adicional que puede afectar a los usuarios cuyos consumos superen en más del 10 % el promedio registrado durante el último año.
La organización también señaló que Air-e atraviesa dificultades financieras y mantiene deudas con generadores, transmisores y otros proveedores del sector eléctrico. Esta situación limita su capacidad para adquirir energía mediante contratos a largo plazo y aumenta su dependencia de las compras en la bolsa diaria, donde los precios pueden ser más elevados.
Ante este panorama, la Liga solicitó al Gobierno nacional brindar apoyo económico a la empresa para contribuir a la estabilización de sus finanzas y evitar que las dificultades del sector continúen repercutiendo en los usuarios.
Asimismo, pidió eliminar la sobretasa del 20 % aplicada a la comercialización de energía en la región Caribe, un cobro que incrementa el valor del servicio para los consumidores. También reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con la reducción de las tarifas eléctricas en esta zona del país.
Entre las propuestas planteadas se encuentra mejorar la infraestructura eléctrica de la región mediante el uso de regalías mineras, sin trasladar los costos de estas inversiones a las facturas de los usuarios.
La Liga insistió en la necesidad de adoptar medidas que permitan aliviar la carga económica de los hogares caribeños, revisar los componentes que inciden en el precio de la energía y evitar que las dificultades financieras de las empresas prestadoras sigan afectando el bolsillo de los consumidores.
