Los ataques de grupos armados ilegales contra la Fuerza Pública en Colombia aumentaron un 62 % durante 2024 y 2025, al tiempo que estas organizaciones ampliaron su presencia territorial y recurrieron con mayor frecuencia al uso de drones, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El documento ‘Recuperar la ventaja’ señala que las zonas afectadas por la violencia pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, con especial incidencia en Arauca, Antioquia, Cauca, Meta y Guaviare, además de las regiones del Catatumbo y la Amazonía.
Uno de los principales cambios identificados por la FIP es el uso de tecnología por parte de los grupos armados. Los ataques contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, un incremento del 132 % en un solo año.
Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la FIP, advirtió que esta capacidad tecnológica está generando nuevos desafíos para las Fuerzas Militares, debido a que los grupos pueden emplear drones con bajos costos y sin exponer directamente a sus integrantes.
Aumentan desplazamientos y presencia territorial
El crecimiento de la violencia también afectó a la población civil. Según las cifras recopiladas por la FIP, durante 2025 más de 96.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo, mientras que cerca de 155.000 resultaron afectadas por confinamientos.
En paralelo, el número de integrantes de los grupos armados ilegales aumentó de 21.958 en 2024 a 27.121 en 2025. Su presencia también se amplió de 562 a 627 municipios, cerca del 57 % del territorio nacional.
Aunque la Fuerza Pública incrementó sus operaciones en un 34,5 % durante 2025, con 234 acciones, la FIP considera que este aumento no logró contener la expansión de las organizaciones.
El Clan del Golfo, uno de los principales desafíos
El informe destaca particularmente al Clan del Golfo, organización sobre la que se concentró una cuarta parte de los esfuerzos militares entre 2023 y 2025.
Pese a esta presión operacional, la estructura habría duplicado su número de integrantes frente a 2022 y amplió su presencia de 13 a 17 departamentos.
Ante este panorama, la FIP plantea que aumentar únicamente el número de operaciones militares no es suficiente. La organización recomienda concentrar las capacidades estatales en afectar las economías ilegales, las redes de financiación, el reclutamiento y la logística que permiten a los grupos armados reponer sus integrantes y expandirse.
También propone fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de adaptar a la Fuerza Pública al nuevo escenario tecnológico marcado por el uso creciente de drones.
