La investigación rastreó más de 631.000 movimientos financieros y permitió identificar 43 noticias criminales. Según la Fiscalía, la organización habría obtenido más de $4.900 millones mediante llamadas extorsivas y estafas coordinadas desde el pabellón 6 de la cárcel.
Una investigación que siguió durante años el movimiento de miles de transacciones terminó revelando una estructura criminal que, según la Fiscalía General de la Nación, tenía uno de sus principales centros de operaciones en la cárcel La Picota de Bogotá.
El entramado habría utilizado celulares, aplicaciones de mensajería y plataformas financieras para contactar víctimas desde prisión, amenazarlas o engañarlas y posteriormente hacer circular el dinero obtenido mediante cuentas y billeteras digitales de terceros.
Las autoridades establecieron que la organización habría conseguido más de $4.900 millones a través de extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de La Picota.
El caso comenzó a tomar forma a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). A partir de esa información, los investigadores reconstruyeron la ruta seguida por los recursos: desde su origen hasta los destinatarios finales.
La Fiscalía analizó más de 631.000 operaciones financieras y recopiló información correspondiente a 43 noticias criminales, relacionadas con denuncias y reportes de personas afectadas.
El rastreo permitió identificar consignaciones, transferencias y retiros que, de acuerdo con los investigadores, estarían relacionados con el funcionamiento de la estructura.
Una parte de los recursos habría terminado en manos de Fabián Viracachá Ballén, conocido con los alias de ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien permanece privado de la libertad.
Aunque está recluido, Viracachá Ballén habría mantenido, según la investigación, capacidad de decisión sobre las actividades de la organización y control sobre parte del movimiento financiero.
El hombre fue postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas FARC y actualmente cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional, además de otras conductas delictivas.
La Fiscalía también le atribuye presuntas acciones de extorsión y lesiones contra otros internos. De acuerdo con el expediente, habría ejercido influencia en diferentes patios de La Picota y utilizado ese poder para incorporar nuevos integrantes a la estructura.
El esquema criminal habría contado con internos encargados de realizar llamadas masivas hacia diferentes regiones del país.
Una de las modalidades investigadas comenzaba con la creación de perfiles falsos de mujeres en WhatsApp. Desde esas cuentas se contactaba a potenciales víctimas mediante la oferta de supuestos servicios sexuales.
Después, los delincuentes utilizaban fotografías obtenidas de redes sociales y montajes para hacer creer a las víctimas que estaban involucradas en hechos relacionados con delitos sexuales.
La amenaza consistía en divulgar ese material si no realizaban una transferencia de dinero.
Tras conseguir un primer pago, las exigencias supuestamente aumentaban y comenzaban nuevas presiones para obtener más recursos.
La investigación financiera también permitió detectar mecanismos para ocultar las ganancias.
La Fiscalía estima que la estructura habría intentado esconder al menos $2.000 millones en un periodo inferior a cuatro años.
Parte de los recursos presuntamente era utilizada para mantener el control de la actividad criminal dentro del establecimiento carcelario y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
El resto habría sido canalizado mediante terceros y posteriormente convertido en efectivo o utilizado para adquirir propiedades y vehículos.
La investigación también puso bajo la lupa al entorno familiar de Viracachá Ballén.
Según la Fiscalía, su esposa, su hijo y su hijastra habrían participado en el movimiento de recursos y en la adquisición de bienes relacionados con las ganancias de origen ilícito.
Los investigadores identificaron seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en distintos puntos de Bogotá y Cundinamarca, además de Restrepo, Meta.
Los bienes están localizados en:
- Bogotá
- Soacha, Cundinamarca
- Facatativá, Cundinamarca
- Fusagasugá, Cundinamarca
- Viotá, Cundinamarca
- Restrepo, Meta
La Fiscalía anunció que solicitará medidas cautelares sobre estos activos con el propósito de avanzar en su eventual comiso.
Como parte de la operación, el CTI de la Fiscalía, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturó a tres personas que harían parte del círculo familiar señalado dentro de la investigación.
Se trata de Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.
Por su parte, Fabián Viracachá Ballén fue notificado de la existencia del nuevo proceso directamente en el establecimiento penitenciario donde cumple su condena.
La investigación continúa para determinar el alcance completo de la estructura, establecer la participación individual de los señalados y definir el destino de los recursos que, según las autoridades, fueron obtenidos mediante las actividades extorsivas.
