Fredy Castillo Carrillo, señalado como uno de los líderes de las ACSN, dice estar dispuesto a entregarse a Colombia y responder también ante Estados Unidos. Su principal condición es conocer de antemano cuánto tiempo permanecería en prisión.
Fredy Castillo Carrillo, conocido con el alias de ‘Pinocho’ y señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), volvió a referirse a una eventual entrega a las autoridades.
En declaraciones entregadas a la revista Semana, Castillo aseguró que estaría dispuesto a someterse a la justicia, pero pidió al presidente Abelardo De La Espriella impulsar una ley de sometimiento que establezca garantías y defina las condiciones jurídicas para quienes decidan abandonar las armas.
Su propuesta incluye una condición concreta: afirmó que estaría dispuesto a cumplir cinco años de prisión, pero manifestó que no aceptaría entregarse sin saber previamente cuál sería la pena que tendría que afrontar.
“¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”, planteó.
El señalado también sostuvo que su intención sería contribuir a que la estructura armada a la que pertenece pueda acogerse a la justicia.
‘Pinocho’ dirigió parte de su mensaje al presidente De La Espriella, después de que el Gobierno anunciara el cierre de los espacios de diálogo que había heredado de la administración de Gustavo Petro.
Según Castillo, una eventual desmovilización necesitaría reglas claras tanto para él como para los demás integrantes de las ACSN.
Aseguró que podría entregarse inmediatamente si existieran garantías jurídicas y afirmó que también estaría dispuesto a aportar información sobre hechos que, según él, deberían ser conocidos por las autoridades colombianas.
En relación con Estados Unidos, donde enfrenta un requerimiento por narcotráfico, manifestó que no tendría inconveniente en responder ante la justicia de ese país una vez resuelva su situación en Colombia.
Castillo afirmó que ya conoce el sistema penitenciario estadounidense, pues estuvo recluido allí durante cerca de un año. Posteriormente permaneció aproximadamente otro año en aislamiento en España, antes de ser extraditado a Colombia en 2023.
A su llegada al país fue capturado, aunque posteriormente un juez ordenó su libertad dentro del proceso relacionado con el asesinato de un líder ambientalista.
El señalado también cuestionó la posibilidad de que el Estado recurra a operaciones militares contra las ACSN.
Afirmó que una eventual ofensiva en la Sierra Nevada podría poner en riesgo a campesinos, comunidades indígenas y personas vinculadas al turismo de la región.
Castillo negó además ser un narcotraficante y rechazó que las embarcaciones utilizadas para transportar droga pertenezcan a él o a la organización.
Según su versión, las ACSN contarían con cerca de 800 hombres y obtendrían recursos mediante aportes del sector empresarial, además de cobros que, según reconoció, realizan al turismo y al narcotráfico bajo la modalidad que describió como un “impuesto” o “peaje”.
También aseguró que, en caso de producirse un proceso de entrega, podría ocurrir de manera parcial. Puso como ejemplo que, si en Magdalena existieran 500 fusiles y fueran entregadas 400 armas, esa sería la cantidad que llegaría a manos del Estado.
Durante la entrevista, Castillo también habló sobre alias ‘Bendito Menor’, quien murió durante un operativo de la Policía Nacional en Riohacha.
Según su relato, dentro de las ACSN se intentó controlar las actuaciones del hombre, pero este habría tomado decisiones por cuenta propia y desatendido llamados de otros integrantes de la organización.
Castillo sostuvo que varios comandos intentaron citarlo a reuniones sin conseguir que asistiera y cuestionó su comportamiento, especialmente por la publicación de fotografías y videos en redes sociales en los que aparecía con armas y vehículos mientras realizaba amenazas.
También afirmó que durante el Gobierno de Petro a ‘Bendito Menor’ le fue suspendida temporalmente una orden de captura durante seis meses y que existía la intención de prorrogar esa medida antes de terminar ese mandato.
‘Pinocho’ insistió en que quiere resolver su situación judicial y volver a estar con su familia. Aseguró que no pretende continuar escondido indefinidamente y que teme morir durante una eventual operación militar.
Sin embargo, dejó clara su postura: no contempla entregarse sin un marco jurídico que establezca garantías y permita conocer previamente las consecuencias penales del sometimiento.
Su propuesta llega en un momento en que el Gobierno de De La Espriella ha cerrado los espacios de diálogo con estructuras armadas y ha planteado que quienes quieran abandonar la violencia deberán hacerlo mediante el sometimiento a la justicia.
