La audiencia contra Chirley Mildred Hernández, investigada por la muerte de su esposo, Aldemar Avendaño, quedó suspendida mientras avanza una acción constitucional presentada por su defensa. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio y pide que sea enviada a prisión.
La definición sobre el futuro judicial de Chirley Mildred Hernández Rojas tendrá que esperar. Una tutela presentada por su defensa provocó este jueves 10 de septiembre la suspensión de la audiencia en la que debía discutirse la solicitud de medida de aseguramiento contra la funcionaria del CTI de la Fiscalía.
El trámite se adelantaba ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías. El abogado de Hernández solicitó nuevamente aplazar la diligencia y puso en conocimiento del juez la existencia de la acción constitucional.
Ante este escenario, el despacho decidió no continuar con la audiencia hasta conocer el avance del trámite de tutela.
Hernández es investigada por la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla, quien fue encontrado muerto el pasado 21 de marzo dentro de su apartamento, ubicado en el barrio Boston, en Barranquilla.
La Fiscalía considera que la mujer sería la presunta autora material del crimen y pretende que un juez ordene una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El caso tomó un rumbo distinto al que se manejó inicialmente.
Cuando Avendaño fue encontrado sin vida, la principal hipótesis era la de un suicidio. El funcionario estaba dentro de su apartamento y junto a su cuerpo fue localizada una pistola calibre 9 milímetros. Además, presentaba varias heridas producidas por arma de fuego.
Sin embargo, los estudios forenses llevaron a los investigadores a cuestionar esa primera interpretación.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó análisis de Medicina Legal relacionados con las heridas y las trayectorias de los proyectiles. Según el fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres, uno de los elementos que modificó la hipótesis fue el análisis de la lesión mortal en la cabeza.
De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, no fueron encontrados residuos de pólvora en esa herida, pese a que se trataba del impacto que habría provocado la muerte.
Para la Fiscalía, este resultado sería indicativo de que el disparo se produjo desde determinada distancia y no directamente sobre la cabeza. Otros resultados de los estudios forenses tampoco coincidirían, según la acusación, con las características habituales de un suicidio.
La Fiscalía también incorporó a la investigación los resultados de las pruebas de residuos de disparo realizadas a Hernández.
Según el informe presentado durante las diligencias, fueron detectadas partículas metálicas relacionadas con residuos de disparo en sus manos y en la ropa que llevaba puesta.
El arma encontrada en el apartamento de Avendaño también fue sometida a análisis. Los estudios establecieron que la pistola estaba en condiciones de efectuar disparos.
Otro elemento considerado por los investigadores fue el examen toxicológico realizado al funcionario judicial.
El análisis determinó una concentración de 205 miligramos de alcohol etílico por cada 100 miligramos de sangre total. De acuerdo con la interpretación médico-legal expuesta por la Fiscalía, ese nivel habría afectado de manera considerable sus capacidades de reacción.
Para el ente acusador, la suma de los hallazgos —las características de las heridas, las trayectorias de los proyectiles, la distancia desde la que se habría producido el disparo mortal, la ausencia de residuos en esa lesión y las pruebas realizadas a Hernández— respalda la hipótesis de que Avendaño no se habría quitado la vida, sino que habría sido asesinado.
La defensa, entretanto, tendrá que esperar a que se resuelva el trámite constitucional antes de continuar con la audiencia.
Precisamente este jueves estaba prevista su intervención, en la que se esperaba que expusiera nuevos argumentos frente a la solicitud de encarcelamiento y a los elementos presentados por la Fiscalía.
La decisión del juez sobre la medida de aseguramiento queda, por ahora, pendiente del trámite de la tutela.
