La administración anunció el fin de las negociaciones y espacios sociojurídicos con varias estructuras armadas al considerar que no produjeron resultados verificables en paz, desarme o sometimiento a la justicia. También será levantada una zona de ubicación temporal.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió poner punto final a los procesos de diálogo, acercamientos sociojurídicos y mecanismos de ubicación que venían de la administración de Gustavo Petro.
La decisión supone el cierre de varios escenarios institucionales con organizaciones armadas y estructuras criminales, debido a que, según el Ejecutivo, no se obtuvieron resultados concretos en materia de paz, entrega de armas o sometimiento a la justicia.
Entre los procesos que quedan terminados están las mesas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
También se incluye la mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La decisión no se limita a las organizaciones que participaban en mesas formales de negociación.
El Ejecutivo también determinó finalizar los espacios sociojurídicos que mantenía con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
A esto se suma el levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
La administración también puso sobre la mesa el costo que tuvieron estos mecanismos durante el periodo anterior.
Según el Gobierno, durante el cuatrienio de Petro se destinaron más de $7.000 millones exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores.
La cifra, precisó el Ejecutivo, no incluye otros gastos asumidos con recursos públicos, entre ellos esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y demás costos asociados a estos procesos.
Para la actual administración, mantener estos espacios no tendría justificación si las organizaciones involucradas no muestran una voluntad efectiva de abandonar las actividades ilegales.
La nueva postura del Gobierno establece que quienes realmente quieran abandonar las armas deberán hacerlo bajo el marco de la justicia.
En contraste, las estructuras que continúen ejerciendo violencia contra la población civil serán enfrentadas mediante las capacidades legales y legítimas de la Fuerza Pública.
El presidente Abelardo De La Espriella reforzó esa posición a través de su cuenta de X, donde aseguró que con su administración terminó la denominada “falsa paz”.
El mandatario sostuvo además que los grupos criminales no recibirán estatus político, concesiones ni impunidad y planteó el sometimiento a la justicia como la alternativa para quienes decidan abandonar las armas.
La decisión marca así un cambio frente al modelo de negociación heredado del Gobierno anterior y establece como ejes de la política de paz de la nueva administración la seguridad, la autoridad y la aplicación de la justicia.
