Cinco personas fueron detenidas en un operativo de la Fiscalía, el CTI y la Policía, con apoyo de la DEA. La investigación apunta a un entramado de empresas, operaciones financieras y criptomonedas utilizado entre 2018 y 2026.
Una red empresarial que, según las autoridades, habría movido $2,3 billones provenientes del narcotráfico quedó en la mira de la Fiscalía tras una investigación que terminó con cinco capturas en Medellín y Barranquilla.
El operativo permitió desarticular, de manera preliminar, una estructura que habría recurrido a compañías aparentemente legales, movimientos internacionales de dinero y criptoactivos para introducir, distribuir y posteriormente ocultar recursos de origen ilícito.
La investigación fue adelantada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.
El entramado habría comenzado con la creación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. En los registros, estas empresas aparecían relacionadas con actividades tan diversas como obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, los investigadores encontraron señales que despertaron sospechas. Algunas de las compañías tendrían poca o ninguna actividad económica y no contarían con una infraestructura acorde con las operaciones que registraban.
También fueron detectadas diferencias entre sus estados financieros y los movimientos realizados a través de sus cuentas bancarias.
A esto se añadieron transacciones de elevado valor entre las propias empresas y operaciones internacionales que, de acuerdo con la investigación, habrían servido para dificultar el seguimiento del dinero.
El presunto mecanismo financiero no se habría limitado al sistema bancario tradicional.
Los investigadores identificaron movimientos millonarios en USDT, una criptomoneda vinculada al dólar, con compañías relacionadas con organizaciones dedicadas al narcotráfico que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Según la hipótesis de las autoridades, una vez los recursos ingresaban a Colombia mediante entidades financieras o activos virtuales, eran convertidos rápidamente en efectivo y retirados.
Parte del dinero habría terminado transformado en bienes raíces y vehículos de alta gama, una etapa que presuntamente buscaba dificultar la identificación de su procedencia.
La Fiscalía atribuye diferentes funciones a los cinco capturados.
Hugo Daniel Giraldo Santamaría es señalado como el supuesto líder y como la persona encargada de coordinar operaciones relacionadas con la monetización, compensación y entrega de los recursos.
Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría vinculada con la administración de grandes cantidades de dinero y con el manejo del grupo de empresas investigadas.
Por su parte, Janeth Catalina Cano Santamaría habría tenido bajo su responsabilidad el movimiento, distribución y conversión de activos virtuales.
Los investigadores también señalan a Johan Mateo Ruiz Orejuela, quien presuntamente habría utilizado billeteras digitales para facilitar el ingreso de fondos, esconderlos y convertirlos posteriormente.
El quinto señalado es Luis Andrés Ospina Ochoa, a quien se atribuye la tarea de mover y mantener ocultos los recursos utilizando las sociedades que forman parte del entramado empresarial.
Las detenciones se llevaron a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico.
En el procedimiento participaron funcionarios del CTI y la Policía Nacional, con el respaldo de la DEA de Estados Unidos.
Durante los operativos fueron encontrados seis armas de fuego. Cuatro de ellas, según la información entregada por las autoridades, no contaban con permiso de porte. También fueron incautados otros elementos que ahora hacen parte del material de investigación.
La operación también avanzó por la vía patrimonial.
Tres inmuebles localizados en Envigado y Barranquilla, cuyo valor conjunto se aproxima a $2.500 millones, fueron ocupados con fines de comiso.
Además, dentro de un proceso de extinción del derecho de dominio, las autoridades impusieron medidas cautelares sobre otros 36 bienes situados en Medellín y Envigado.
El paquete está compuesto por:
- 4 inmuebles
- 19 vehículos
- 9 sociedades
- 4 establecimientos de comercio
El valor estimado de estos activos supera los 10,2 millones de dólares.
La investigación busca establecer el alcance total de las operaciones y determinar cómo funcionaba la estructura utilizada para darle apariencia de legalidad a los recursos que, según la Fiscalía, tendrían origen en actividades de narcotráfico.
