El investigador Luis Fernando Trejos señaló que la medida debe estar acompañada de acciones para recuperar el control efectivo de las cárceles y evitar que los internos continúen coordinando delitos desde los centros penitenciarios.
El traslado de 20 presuntos delincuentes privados de la libertad desde estaciones de Policía, la Cárcel Distrital y la Penitenciaría El Bosque hacia otros centros penitenciarios del país genera expectativas sobre sus posibles efectos en la seguridad de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico.
La medida, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella después del Consejo de Seguridad realizado el pasado fin de semana, busca impedir que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales, principalmente relacionadas con extorsiones y homicidios.
Este martes comenzó el traslado de los primeros 10 internos, quienes fueron sacados de la Penitenciaría El Bosque con destino a Bogotá. Posteriormente, serán distribuidos en establecimientos penitenciarios como La Picota, en Bogotá; Cómbita, en Boyacá, y Girón, en Santander.
El celular, una de las principales amenazas
Uno de los problemas identificados por las autoridades es el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, dispositivos que presuntamente son utilizados por algunos internos para coordinar extorsiones, amenazas y ataques contra comerciantes y otras personas.
Según las investigaciones citadas, desde algunos centros penitenciarios se habrían establecido verdaderos “call center” del crimen, desde donde se contacta a comerciantes y se obtiene información sobre sus negocios para posteriormente exigirles dinero.
También se ha señalado que algunos internos utilizarían estos dispositivos para impartir órdenes a integrantes de estructuras criminales que permanecen en libertad.
Expertos piden medidas adicionales
El investigador y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, consideró que el traslado puede producir resultados en el corto plazo, especialmente si permite afectar las estructuras criminales que operan desde las cárceles.
“Es una decisión importante que seguramente va a tener unos efectos de corto plazo en la medida en que el gobierno logre golpear la infraestructura criminal que hay construido dentro de la cárcel, pero especialmente en la extorsión”.
Sin embargo, Trejos advirtió que los traslados por sí solos no solucionarían el problema de manera permanente y deben estar acompañados de medidas que permitan recuperar el control de los establecimientos penitenciarios.
El experto recordó el caso de alias ‘El Negro Ober’, quien, pese a haber sido trasladado entre diferentes cárceles del país, ha continuado siendo señalado por actividades delictivas desde centros de reclusión.
“La evidencia nos ha demostrado que este tipo de medidas producen alivios temporales, pero no permanentes”.
Otro desafío está relacionado con la instalación de inhibidores de señal. Trejos explicó que algunos centros penitenciarios están ubicados en zonas urbanas, por lo que bloquear las comunicaciones dentro de las cárceles podría afectar también a los habitantes de los sectores cercanos.
En ese sentido, el Gobierno deberá buscar soluciones tecnológicas que permitan impedir las comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios sin afectar las comunicaciones legítimas de las comunidades.
Trejos también señaló que existen otras alternativas, como la ubicación de determinados internos en celdas de aislamiento con vigilancia permanente, medida que dificulta su acceso a teléfonos y otros dispositivos.
El reto, según el investigador, será que los traslados anunciados se conviertan en una estrategia integral de control penitenciario, capaz de evitar que las estructuras criminales continúen operando desde las cárceles una vez pasado el efecto inicial de la medida.
