El gremio aseguró que la Resolución CRA 1040 de 2026 podría afectar la viabilidad financiera de las empresas prestadoras, al considerar que la metodología reduce el reconocimiento de costos operativos sin un soporte técnico suficiente.
El nuevo esquema tarifario para el servicio público de aseo comenzó a generar reacciones en el sector. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) manifestó su desacuerdo con la Resolución CRA 1040 de 2026, al considerar que la regulación podría comprometer la estabilidad financiera de las empresas encargadas de la prestación del servicio y, en consecuencia, afectar su operación en diferentes ciudades del país.
Aunque la medida busca disminuir el valor que pagan los usuarios, el gremio sostiene que esa reducción no proviene de una mayor eficiencia, sino de un menor reconocimiento económico de actividades fundamentales para el funcionamiento del sistema.
Según Andesco, el nuevo marco tarifario disminuye la remuneración de labores esenciales como:
- Barrido de vías y espacios públicos.
- Limpieza urbana.
- Recolección de residuos.
- Transporte.
- Disposición final de los desechos.
Para la organización, este cambio podría dificultar que las empresas recuperen los costos reales asociados a salarios, mantenimiento de maquinaria, inversiones en infraestructura y cumplimiento de las obligaciones ambientales y laborales.
Otro de los principales reparos del gremio está relacionado con los criterios técnicos empleados para construir la nueva fórmula tarifaria.
De acuerdo con Andesco, la metodología parte de estimaciones que sobrevaloran los rendimientos operativos y subestiman los costos reales de la prestación del servicio, lo que derivaría en tarifas que no reflejan las condiciones del mercado.
Además, señaló que la regulación fue expedida sin un análisis de impacto normativo que permitiera evaluar previamente las consecuencias económicas y operativas para las empresas, los usuarios y la continuidad del servicio, pese a que tendrá una vigencia de 10 años.
La organización manifestó que durante la fase de participación ciudadana la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) no publicó la totalidad de los modelos matemáticos, bases de datos y documentos técnicos que respaldaron la metodología.
Asimismo, indicó que las audiencias realizadas en Santa Marta, Cali, Villavicencio, Medellín y Bogotá no garantizaron una participación equitativa de todos los asistentes.
Según el gremio, una vez concluyó el periodo de consultas se entregó información adicional únicamente a algunos actores y, posteriormente, se introdujeron modificaciones relevantes al proyecto inicial —como la incorporación del Costo de Comercialización (CCS) y cambios en el reconocimiento de ciertos costos operativos— sin abrir una nueva etapa de discusión pública.
Andesco también recordó que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló varias recomendaciones durante el proceso de revisión del proyecto regulatorio.
Entre ellas mencionó la necesidad de justificar la representatividad de la muestra de municipios utilizada para calcular los rendimientos del barrido, revisar los descuentos asociados a la calidad del servicio, ajustar los incentivos relacionados con las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) e incorporar un análisis sobre la elasticidad de la demanda en la segmentación de operadores.
El gremio sostiene que esas observaciones no fueron acogidas plenamente por la autoridad regulatoria.
El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, también expresó reparos frente al tratamiento tarifario otorgado a la actividad de aprovechamiento de residuos.
A juicio del dirigente, el nuevo modelo reconoce económicamente esta actividad por encima de la recolección de residuos, pese a que esta última constituye la actividad principal del servicio público de aseo según la Ley 142 de 1994.
En ese contexto, advirtió que priorizar actividades complementarias podría alterar el equilibrio económico del sistema y generar incentivos que no se alinean con la política de Basura Cero.
La organización alertó que, si las tarifas no cubren los costos reales de operación, algunas empresas podrían verse obligadas a disminuir la cobertura de actividades como el barrido y la limpieza urbana, trasladando parte de esa carga financiera a los municipios.
También advirtió que una reducción de ingresos podría afectar la estabilidad laboral del sector y repercutir en la calidad del servicio, la salud pública y la protección del medio ambiente.
Frente a este panorama, Andesco pidió a la CRA revisar integralmente la Resolución 1040 de 2026, publicar los estudios técnicos que sustentan la metodología, corregir los parámetros que considera inconsistentes y abrir un nuevo proceso de participación para discutir los cambios introducidos.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición para participar en mesas de trabajo con las autoridades regulatorias con el fin de construir un modelo tarifario que combine sostenibilidad financiera, transparencia y protección para los usuarios.
