La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exmandos de las extintas FARC, señalados como máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, torturas, violencia sexual y otros delitos atroces cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
Entre los comparecientes imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño, hoy presidente del partido Comunes; Julián Gallo; Jaime Alberto Parra, y Milton de Jesús Toncel.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, calificó la decisión como “la radiografía judicial más completa y profunda” realizada en Colombia sobre los bloques Oriental y Sur de las antiguas FARC, que operaban en 15 de los 32 departamentos del país.
Según el tribunal, los comparecientes fueron hallados máximos responsables de delitos como desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, crímenes cometidos durante tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual.
La decisión hace parte de los macrocasos 10 y 11 de la JEP, relacionados con crímenes no amnistiables cometidos por las FARC y con violencia basada en género, violencia sexual, reproductiva y otros delitos motivados por la orientación sexual. La magistrada Catalina Díaz Gómez explicó que el fallo recoge los testimonios, observaciones e informes presentados por 2.436 víctimas acreditadas.
Entre los hechos analizados por la JEP se encuentran el atentado con carro bomba al Club El Nogal, en Bogotá, ocurrido en 2003; el asesinato del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado en 1995; el ataque con cohetes contra la Casa de Nariño durante la posesión presidencial de 2002; así como las tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores en 1998 y varias masacres perpetradas contra concejales y comunidades.
El tribunal también documentó casos de violencia sexual ejercida por integrantes de las FARC contra mujeres campesinas como mecanismo de castigo y control territorial. Entre ellos, destacó la agresión sexual contra diez mujeres, incluida una menor de 13 años, durante la toma guerrillera de Puerto Rico (Meta) en 1999.
La JEP aseguró que esta decisión judicial busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
