La Fiscalía presentó nuevos elementos de prueba contra Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘Mono’ o ‘Dorian’, designado gestor de paz y señalado de integrar las disidencias de los Comandos de la Frontera, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra.
De acuerdo con el ente acusador, Vélez Romero estaría relacionado con un cargamento de casi tres toneladas de cocaína incautado el 19 de diciembre de 2022 cerca de Caloto, Cauca, cuyo presunto propietario sería el hoy procesado.
La droga fue hallada en poder de Manuel Antonio Castañeda, entonces conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien también fue señalado en su momento de colaborar en el traslado de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias ‘Matabamba’, tras su fuga de la cárcel La Picota en marzo de 2022.
Vélez Romero fue capturado el pasado jueves en Chía (Cundinamarca) y uno de los principales testigos en su contra es el propio Castañeda. Según la Fiscalía, el abogado habría intentado utilizar su condición de gestor de paz para gestionar la libertad del exfuncionario de la UNP.
Durante la diligencia judicial, el ente investigador cuestionó además el proceso mediante el cual Vélez Romero fue reconocido como gestor de paz, al señalar que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no sustentó dicha designación e incluso mantuvo un error en el número de cédula consignado en la resolución.
La Fiscalía aseguró contar con decenas de chats y mensajes cifrados en los que el procesado presuntamente impartía instrucciones sobre el movimiento de cargamentos de cocaína en el país. También indicó que existen registros de consignaciones realizadas por Vélez Romero para financiar la defensa judicial de Castañeda.
Entre las pruebas presentadas figuran, además, 571 registros de comunicaciones telefónicas y testimonios de personas cercanas al exconductor de la UNP, quienes habrían aportado información sobre las transacciones económicas relacionadas con el caso.
Por su parte, la defensa de Vélez Romero solicitó que no se imponga una medida de aseguramiento, argumentando que Manuel Antonio Castañeda es un “mentiroso compulsivo” y que sus declaraciones buscan obtener beneficios judiciales, como un principio de oportunidad.
La audiencia continuará el próximo 27 de julio, cuando un juez definirá si acoge la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.
