Entre las víctimas desaparecidas en la ruta San Andrés – Nicaragua se encontraban 12 menores de edad y una mujer embarazada.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Borghi Kure Gaviria, señalado como el presunto administrador de una embarcación clandestina que naufragó con 42 migrantes a bordo. El trágico suceso, que mantiene a los pasajeros en condición de desaparecidos, ocurrió el 21 de octubre de 2023 en la ruta marítima entre la isla de San Andrés y los cayos nicaragüenses.
La Fiscalía General de la Nación le imputó formalmente el delito de tráfico de migrantes agravado, cargo que el procesado deberá enfrentar desde prisión.
El siniestro y las víctimas
Según el expediente presentado por el ente acusador, aquella noche zarparon tres embarcaciones desde un muelle privado en San Andrés con destino a Centroamérica. Mientras dos de las lanchas lograron llegar a su destino, la tercera desapareció en altamar, presuntamente debido a condiciones climáticas adversas.
A bordo de la nave siniestrada viajaban dos tripulantes y un grupo de pasajeros de nacionalidades colombiana, venezolana y china, dentro de los cuales se encontraban:
- 12 menores de edad (incluido un bebé de tres meses).
- Una mujer en estado de gestación.
Graves fallas de seguridad y sobrecupo
La investigación penal reveló que la lancha utilizada para el transporte ilegal no cumplía con los estándares mínimos de seguridad ni de legalidad:
- Uso indebido: Estaba registrada exclusivamente para actividades de pesca artesanal.
- Sobrecupo: Tenía una capacidad máxima autorizada para 15 personas, pero fue cargada con 42 pasajeros.
- Sin autorizaciones: Carecía de los permisos obligatorios de la Capitanía de Puerto tanto para la navegación en mar abierto como para el transporte de civiles.
El rol del procesado y su captura
Perfil criminal: La Fiscalía señaló que Kure Gaviria presuntamente integraba una red delincuencial dedicada al tráfico de personas. Su rol consistía en facilitar el ingreso de extranjeros a San Andrés, coordinar su hospedaje temporal, fijar las tarifas en dólares y programar los horarios de zarpe clandestino.
Tras la tragedia y el inicio de las investigaciones en su contra, el indiciado huyó hacia Panamá. Sin embargo, gracias a la cooperación internacional, fue retenido y deportado por las autoridades panameñas, lo que permitió su captura efectiva en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia).
