El Ministerio de Minas plantea crear un gravamen del 2,5 % sobre las utilidades de las empresas del sector energético para cubrir deudas millonarias. Expertos cuestionan la iniciativa y advierten posibles efectos sobre la inversión.
La delicada situación económica que atraviesa el sistema eléctrico colombiano llevó al Ministerio de Minas y Energía a plantear una nueva alternativa para fortalecer las finanzas del sector. La propuesta consiste en aplicar, de manera temporal, una contribución del 2,5 % sobre las utilidades de las empresas dedicadas a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en una comunicación enviada al ministro de Hacienda, Germán Ávila, con el objetivo de que sea incluida en la reforma tributaria que el Gobierno prevé radicar ante el Congreso el 20 de julio.
El propósito del gravamen es crear un fondo que permita atender las obligaciones financieras que hoy afectan la estabilidad del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y garantizar la continuidad del servicio eléctrico en el país.
Según la propuesta, los recursos servirían para cubrir deudas acumuladas dentro del sector y financiar el pago de los saldos correspondientes a la opción tarifaria.
De acuerdo con estimaciones de los gremios, las acreencias del sistema ascienden a $2,9 billones, de los cuales alrededor de $1,8 billones corresponden a obligaciones con las plantas de generación térmica.
En la carta dirigida al Ministerio de Hacienda, Palma argumentó que la medida responde al riesgo financiero que enfrenta actualmente la cadena de pagos del mercado eléctrico y que podría comprometer la prestación del servicio si no se adoptan mecanismos extraordinarios.
La propuesta guarda similitud con una contribución implementada durante la emergencia económica decretada a finales de 2025, aunque posteriormente fue eliminada.
La iniciativa no tardó en generar cuestionamientos entre analistas y expertos.
Para Javier Lastra, especialista en temas energéticos, trasladar un nuevo gravamen a las empresas del sector resulta contradictorio, ya que buena parte de esas compañías son precisamente acreedoras del Estado.
En su opinión, obligarlas a aportar recursos para financiar el pago de obligaciones que el propio Gobierno mantiene con ellas representa una señal negativa para los inversionistas, especialmente en un momento en el que Colombia necesita ampliar su capacidad de generación, fortalecer las redes de transmisión y garantizar nuevas inversiones.
Lastra sostuvo además que la estabilidad del sistema depende de la confianza del mercado y advirtió que decisiones de este tipo podrían dificultar la llegada de capital necesario para evitar problemas de abastecimiento en el futuro.
Otro de los reparos provino del experto en energía César Uparela, quien calificó la propuesta como una medida de carácter populista.
El analista recordó que la creación de nuevos impuestos corresponde exclusivamente al Congreso de la República, por lo que cualquier iniciativa de este tipo deberá surtir el trámite legislativo correspondiente para entrar en vigor.
La discusión sobre el nuevo gravamen coincide con otra preocupación del Gobierno relacionada con las obligaciones de Air-e intervenida frente a las plantas térmicas.
Durante la semana, el ministro Palma solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la empresa priorizar el pago de esas obligaciones, al considerar que dichos recursos son fundamentales para que las generadoras puedan adquirir el gas natural requerido para producir electricidad y atender la demanda, especialmente en la región Caribe.
Según cifras oficiales, la deuda de Air-e con los generadores térmicos supera actualmente los $1,7 billones y continúa creciendo a un ritmo cercano a $100.000 millones mensuales, una situación que mantiene en alerta al sector energético nacional.
