Aunque el Distrito asegura que ya desarrolla estrategias para gestionar la velocidad y disminuir los accidentes, organizaciones y expertos consideran que todavía falta adoptar plenamente el plan específico exigido por la normativa nacional.
Reducir la velocidad en las calles se ha convertido en una de las principales apuestas para disminuir las muertes y lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito en Colombia. Sin embargo, mientras varias ciudades continúan ajustándose a las exigencias de la Ley Julián Esteban (Ley 2251 de 2022), Barranquilla sigue en proceso de consolidar el instrumento que la norma establece para gestionar este riesgo.
La legislación obliga a municipios y distritos con autoridad de tránsito a formular e implementar un Plan de Gestión de la Velocidad (PGV), documento que debe actualizarse cada dos años y servir como guía para adoptar medidas basadas en evidencia técnica con el fin de prevenir siniestros viales.
La organización Dejusticia aseguró que, pese a los avances anunciados por la administración distrital, Barranquilla todavía no ha cumplido completamente con la obligación de adoptar el plan específico previsto en la ley.
El centro de estudios recordó que el Gobierno nacional fijó como fecha límite el 22 de junio de 2025 para que los entes territoriales implementaran estos planes, reglamentados mediante resolución.
Según cifras citadas por la organización, la problemática sigue siendo crítica. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reportó 2.244 personas fallecidas entre enero y marzo de este año por siniestros de tránsito, un incremento del 20 % frente al mismo periodo de 2025.
Dejusticia promovió acciones de cumplimiento en diferentes ciudades del país. Mientras en municipios como Cartagena, Villavicencio y Palmira los jueces ordenaron avanzar en la formulación e implementación de los planes, en Barranquilla la solicitud fue rechazada.
No obstante, la decisión judicial no concluyó que el Distrito hubiera cumplido totalmente con la norma. El rechazo obedeció a que el mecanismo utilizado no podía ordenar decisiones relacionadas con la destinación de recursos públicos.
Durante el trámite judicial, la Alcaldía de Barranquilla sostuvo que las políticas de control de velocidad ya hacen parte del Plan Distrital de Seguridad Vial y que existe un documento técnico que sirve como base para desarrollar el Plan de Gestión de la Velocidad.
La Secretaría Distrital de Tránsito explicó que desde 2023 comenzaron los estudios para estructurar ambos instrumentos y recordó que, mediante el Decreto Distrital 0069 del 20 de marzo de 2024, fue adoptado el Plan Distrital de Seguridad Vial 2024-2033, el cual incorpora el soporte técnico del futuro PGV.
La dependencia también confirmó que actualmente existe un proyecto de acto administrativo para oficializar el Plan de Gestión de la Velocidad.
Para Isidro Ruiz, asesor en movilidad y seguridad vial, las cámaras de fotodetección, la señalización y los reductores de velocidad representan herramientas útiles, pero insuficientes si no hacen parte de una estrategia integral respaldada por estudios técnicos.
El especialista señaló que las cámaras generan un efecto limitado, ya que muchos conductores disminuyen la velocidad únicamente al acercarse a estos dispositivos y aceleran nuevamente pocos metros después.
También advirtió que la reducción de controles móviles por parte de agentes de tránsito y de la Policía ha disminuido la capacidad de vigilancia permanente en las carreteras.
En su opinión, Barranquilla debe identificar con mayor precisión los corredores donde el exceso de velocidad representa un mayor riesgo y priorizar intervenciones específicas.
Ruiz explicó que, debido al estado de la malla vial y al alto flujo vehicular, en gran parte de la ciudad resulta difícil alcanzar velocidades elevadas. Aun así, advirtió que corredores como la Circunvalar y la Vía 40 requieren medidas adicionales de infraestructura para proteger a peatones y demás actores vulnerables.
De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, los sectores que registran mayor siniestralidad son la Circunvalar, la Vía 40, la calle 30, la carrera 38 y la avenida Murillo, vías que también concentran gran parte del tráfico de la ciudad.
Dentro del Plan Distrital de Seguridad Vial se contemplan 14 acciones enfocadas en promover velocidades seguras. Entre ellas figuran la evaluación de los límites de velocidad, estudios sobre el comportamiento de los usuarios, implementación de calles con diseños que incentiven una conducción más segura, instalación de nueva señalización horizontal y vertical, así como medidas de pacificación del tránsito en los puntos con mayor índice de accidentalidad.
El programa también prevé fortalecer el uso de sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones por exceso de velocidad, incrementar los controles operativos y desarrollar campañas de educación vial.
La administración distrital indicó que actualmente mantiene el límite general de 30 kilómetros por hora en la red vial urbana y destacó intervenciones como la reducción de velocidad implementada en la calle 98 entre las carreras 59 y 56, donde también fueron instalados equipos de control semafórico.
Asimismo, anunció que continuará reforzando la infraestructura con señales reglamentarias SR-30, bandas alertadoras, estoperoles, tachas reflectivas, resaltos, cámaras SAST, puentes peatonales y zonas de resguardo para peatones, complementando estas acciones con campañas pedagógicas y monitoreo permanente desde el centro de control de tránsito.
