La togada también compulsará copias para que se investigue el presunto delito de extorsión.
La Jueza Novena Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla advirtió este miércoles que Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y los otros cinco procesados por los delitos de secuestro simple y tortura deberán cumplir estrictamente la medida de detención domiciliaria impuesta en su contra.
La decisión cobija además a Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, quienes aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, indemnizaron a la víctima y le ofrecieron disculpas públicas a él y a su familia.
Durante la audiencia, la jueza fue enfática al recordarles las condiciones de la medida.
“Tengan claro que esto es una medida de aseguramiento y de esa casa no pueden salir”, advirtió la funcionaria judicial.
Asimismo, ordenó que a todos los procesados se les imponga un brazalete de vigilancia electrónica para garantizar el cumplimiento de la detención y proteger a la víctima y a sus familiares.
La togada también anunció que, si la Fiscalía aún no ha iniciado una investigación por extorsión, compulsará copias para que se indague este presunto delito, al considerar que los elementos materiales probatorios permiten inferir su posible configuración.
Los hechos investigados
De acuerdo con la Fiscalía, el caso ocurrió en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando los seis imputados, junto con otras 16 personas, llegaron en aproximadamente diez motocicletas hasta una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.
Según la investigación, el grupo irrumpió en el inmueble, intimidó con armas de fuego a la familia de Carlos Alfredo Mejía Vargas, cobrador de la empresa informal de préstamos “Soluciones Mano a Mano”, y lo obligó a salir de la vivienda.
Posteriormente, la víctima fue trasladada contra su voluntad a una casa ubicada en el barrio Las Granjas, donde permaneció retenida desde la madrugada hasta el mediodía de ese mismo día.
El ente acusador sostuvo que durante el cautiverio el hombre fue sometido a golpes de puño, patadas y agresiones con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes, con el fin de obligarlo a aceptar la desaparición de una suma de entre 15 y 30 millones de pesos y revelar el supuesto paradero del dinero.
La Fiscalía también aseguró que los responsables habrían intimidado a la familia del cobrador para exigir el pago de una elevada suma de dinero o, en su defecto, el traspaso de una vivienda a nombre de uno de los implicados, situación que ahora podría ser investigada como un presunto caso de extorsión.
