La exfuncionaria fue sentenciada a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal de El Tambo, Cauca, María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión tras encontrarla responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.
De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria participó en un entramado ilegal que benefició a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes.
Las autoridades establecieron que, luego de que el Gobierno nacional avalara el requerimiento internacional el 17 de mayo de 2016, Fernández Chávez abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al presunto narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado por el procesado.
La actuación judicial estuvo sustentada en información que señalaba que el hombre era investigado por pertenecer a un grupo armado ilegal, situación que posteriormente se comprobó que no era cierta. Asimismo, se determinó que la entonces fiscal omitió reportes relacionados con una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos.
La investigación también reveló que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y que, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfuncionaria se opuso a cumplir la disposición.
Según el expediente, la imputación por rebelión permitió que, en enero de 2017, el requerido en extradición interpusiera una acción de tutela argumentando una posible doble incriminación. La solicitud fue acogida y logró bloquear temporalmente su envío a Estados Unidos.
Además de la pena privativa de la libertad, María del Socorro Fernández Chávez deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.
Contra la decisión judicial proceden los recursos de ley.
