Un informe revela que la violencia armada en Colombia no solo impacta a las personas: también golpea de forma directa y sistemática a los animales, mientras desde el Congreso exigen medidas concretas para su protección.
Cada media hora, un animal en Colombia muere o resulta gravemente herido por efectos del conflicto armado. Esa cifra, contundente por sí sola, refleja una realidad que durante años ha pasado desapercibida: la guerra también se libra contra la fauna.
Un reciente análisis de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pone cifras y contexto a esta problemática. Entre 2017 y 2026, al menos 100.252 animales han sido afectados en medio de dinámicas violentas que van mucho más allá de daños colaterales. El informe señala que estos hechos responden a prácticas recurrentes dentro de los grupos armados.
El impacto no se limita a casos aislados. Cerca del 32 % de los registros están vinculados directamente con acciones bélicas como enfrentamientos, emboscadas o ataques, mientras que un 27 % corresponde al abandono de animales domésticos tras el desplazamiento forzado de sus cuidadores. En muchos de estos casos, los animales quedan expuestos al hambre o a condiciones extremas de vulnerabilidad.
Pero el problema es aún más profundo. La guerra también altera ecosistemas completos. Actividades como la minería ilegal, la deforestación y el tráfico de especies, asociadas al control territorial, están destruyendo hábitats y poniendo en riesgo la supervivencia de numerosas especies.
De hecho, el informe advierte que al menos 44 especies se encuentran en riesgo crítico de desaparecer. Entre las más afectadas están varias ranas de los géneros Atelopus y Pristimantis, cuya desaparición podría generar desequilibrios graves en las cadenas alimenticias y el control de insectos.
Algunas regiones concentran el mayor impacto. Antioquia encabeza la lista de territorios con más especies amenazadas, donde animales como el mono araña, el paujil piquiazul o diversas ranas arlequín han sufrido las consecuencias directas de la violencia.
Además del daño ambiental, el informe expone cómo los animales han sido utilizados dentro del conflicto. Desde transporte de armas y suministros hasta su uso en prácticas extremas como la activación de explosivos o mecanismos de intimidación. Incluso se documentan casos en los que fueron empleados en rituales o como herramientas de propaganda.
Frente a este panorama, crecen las voces que piden un cambio de enfoque. El informe insiste en que los animales deben dejar de ser considerados un elemento secundario y empezar a ser reconocidos como seres sintientes afectados directamente por la guerra.
Desde el Congreso, varias iniciativas buscan llenar ese vacío. Legisladores advierten que actualmente no existe un marco sólido que garantice la protección de los animales en contextos de conflicto armado. Aunque hay avances normativos, estos resultan insuficientes sin recursos ni estrategias claras.
Entre las propuestas en discusión se incluye reconocer formalmente a los animales como víctimas del conflicto, impulsar programas de conservación y restauración ambiental, y prohibir su uso dentro de acciones bélicas.
El debate también apunta a la necesidad de crear sistemas de atención para animales en escenarios de desplazamiento, que incluyan refugio, alimentación y atención veterinaria, especialmente en zonas de alta biodiversidad donde coinciden actividades ilegales.
Finalmente, el informe identifica a grupos armados no estatales como actores clave en esta problemática. Entre ellos, disidencias de las antiguas Farc-EP figuran como responsables de buena parte de las afectaciones, particularmente en regiones donde confluyen economías ilegales y riqueza ambiental.
La conclusión es clara: mientras el conflicto persista, la fauna seguirá pagando un costo silencioso. Y cada vez hay más presión para que esa realidad deje de ser invisible.
