La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles responsabilidades dentro de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por presuntas irregularidades en el contrato de modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, cuyo valor supera el billón de pesos.
Según el Ministerio Público, el contrato habría sido suscrito con un Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE) que no coincide con la oferta presentada durante el proceso de selección, generando una diferencia de más de $114.437 millones, equivalente al 9,57 % del valor proyectado.
Esta situación, de acuerdo con el ente de control, podría alterar la ecuación económica del contrato y ocasionar un posible perjuicio para la ANI, al incrementar de forma indebida los ingresos estimados para el concesionario.
Además, tras la firma del acuerdo, se habrían identificado inconsistencias en la minuta contractual relacionadas con indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables, frente a las cuales el concesionario habría solicitado modificaciones.
La Procuraduría avanza en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y determinar si hubo fallas en la estructuración y suscripción del contrato.
