Los implicados actuaban presuntamente como «veedores ciudadanos».
En un operativo contundente de la Fiscalía General de la Nación, tres integrantes de una supuesta veeduría ciudadana fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Los procesados son señalados de integrar un grupo delictivo dedicado a extorsionar a mandatarios locales y funcionarios públicos en varios municipios del departamento del Cesar.
Según la investigación liderada por un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, los capturados utilizaban su rol de veedores para presionar a los funcionarios. La red exigía sumas de dinero que oscilaban entre los 100 y 300 millones de pesos.
El objetivo de estas exigencias económicas era, presuntamente:
- Abstenerse de interponer denuncias por supuestos hechos de corrupción.
- Retirar acciones legales ya radicadas ante los organismos de control.
Roles y víctimas identificadas
La Fiscalía identificó a los procesados y los roles que desempeñaban dentro del entramado ilegal:
- Juan David López Rojas: Señalado como el cabecilla de la organización.
- José Carlos Toncel García: Presunto intermediario en las negociaciones.
- Federman Asley López: Encargado de la logística y la recepción del dinero.
Entre las víctimas documentadas por el ente acusador se encuentran el alcalde de Becerril, así como el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, quienes habrían sido blanco de estas presiones económicas.
Imputación y medida judicial
Durante las audiencias preliminares, el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. Pese a la contundencia de las pruebas presentadas, los procesados no aceptaron los cargos.
Un juez de control de garantías determinó que los tres hombres representan un peligro para la comunidad y el proceso, por lo que deberán cumplir la medida de aseguramiento tras las rejas mientras avanza el juicio en su contra.
