La actuación del juez ha generado cuestionamientos sobre los límites de su rol y la posible afectación a la imparcialidad del proceso judicial.
Un nuevo episodio genera debate en el ámbito judicial de Barranquilla tras la decisión del juez Ángel Monroy de interrumpir una audiencia para realizar verificaciones por cuenta propia en un caso de porte ilegal de armas. La situación ha despertado críticas por parte de expertos, quienes advierten posibles riesgos en la imparcialidad del proceso.
El caso se remonta a un operativo adelantado por el Gaula en el barrio El Bosque, donde fue capturado un hombre durante un allanamiento en el que se habrían encontrado un arma de fuego y panfletos intimidatorios vinculados a grupos delincuenciales. Durante la diligencia judicial, la captura fue legalizada y la Fiscalía formuló imputación de cargos, los cuales no fueron aceptados por el indiciado.
Posteriormente, mientras la Fiscalía solicitaba medida de aseguramiento y la defensa pedía aplazar la audiencia para recolectar pruebas, el juez optó por suspender la diligencia. Su decisión de acudir personalmente al lugar de los hechos e indagar en el sector, con el argumento de verificar información, fue lo que desató la controversia.
Juristas han señalado que este tipo de actuaciones podrían desbordar las funciones del juez, al asumir tareas que corresponden a las partes dentro del proceso, especialmente en la recolección de pruebas. Esto, advierten, podría comprometer la objetividad requerida en este tipo de casos.
No es la primera vez que el funcionario se ve envuelto en situaciones similares. En años anteriores, su actuación ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos en distintos procesos judiciales en la ciudad.
Por ahora, el caso permanece en pausa, mientras crece el debate sobre el alcance de las decisiones judiciales y la necesidad de garantizar el debido proceso en el sistema penal colombiano.
