El sacerdote holandés Cyrillus Swinne fue designado como facilitador en los acercamientos entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’, en medio de un escenario marcado por la violencia en el suroccidente de la ciudad.
En un nuevo intento por contener la violencia urbana en Barranquilla, el Gobierno nacional designó al sacerdote Cyrillus Swinne, conocido popularmente como el padre Cirilo, como facilitador en los diálogos entre las estructuras criminales de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
La decisión fue oficializada el pasado 16 de marzo mediante una resolución firmada por Otty Patiño, alto comisionado para la paz, quien apuesta por la experiencia comunitaria del religioso como un factor clave para destrabar las conversaciones.
Con 81 años y cerca de cinco décadas viviendo en Barranquilla, Swinne ha construido una sólida relación con comunidades del suroccidente, especialmente en el barrio La Paz, donde su trabajo social lo ha convertido en una figura de confianza. Ese reconocimiento es visto por el Gobierno como una herramienta fundamental en un proceso que busca reducir los niveles de violencia en la ciudad.
Su rol no será simbólico. El sacerdote tendrá la tarea de evaluar si existe una verdadera disposición de los integrantes de ambas bandas para abandonar la criminalidad, someterse a la justicia y avanzar hacia una eventual reintegración a la vida civil. Además, deberá presentar un plan de trabajo y reportes periódicos sobre los avances del proceso, que inicialmente tendrá una duración de tres meses.
La designación se da en un contexto complejo. La tregua entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’, que se mantuvo con altibajos, se rompió en enero de 2026, lo que derivó en un repunte de homicidios y extorsiones en el área metropolitana de Barranquilla.

Detrás de estas estructuras se encuentran figuras como Jorge Eliécer Díaz, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, quienes continúan siendo actores centrales en las dinámicas del conflicto, pese a estar privados de la libertad.
En paralelo, propuestas como el traslado de estos líderes a cárceles en el Atlántico para facilitar los diálogos generaron controversia y finalmente fueron descartadas, aumentando la tensión entre autoridades y sectores de la opinión pública.
En medio de este panorama, la apuesta por el padre Cirilo representa un cambio de enfoque: pasar de medidas estrictamente coercitivas a estrategias que involucren mediadores con legitimidad en el territorio.
Su experiencia en procesos comunitarios y su cercanía con la población podrían convertirse en un puente entre el Estado y estructuras que históricamente han desconfiado de las instituciones. La gran incógnita ahora es si ese capital social será suficiente para avanzar hacia una reducción real de la violencia.

