Uno de los casos más críticos es el de Luz Dari Rojas, funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encontraba a poco más de un año de pensionarse.
Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefa de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), denunció los despidos masivos de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad en una tensa jornada en la Casa de Nariño. La exfuncionaria calificó el acto como una «canallada» y un «acto de sevicia», especialmente considerando que coincidió con la conmemoración del 70 aniversario de la institución.
Según Calderón, la decisión fue inesperada, pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, durante un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular exhortando a evitar despidos, incluso mencionando que no debía sacarse a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.
La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no sería despedida. Sin embargo, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.
Uno de los casos más críticos es el de Luz Dari Rojas, funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encontraba a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a su dignidad. «Luz Dari es el Dapre», afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones.
La tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección. Al explicar la frase «hay que andar con cuchillo en Palacio», Calderón indicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera inmediata.
Los despidos ocurren a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, dejando a los afectados sin margen de maniobra para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.
