Gobierno nacional suspendió el traslado a cárceles de Barranquilla de tres peligrosos cabecillas: Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ de ‘Los Costeños’; Digno Palomino de ‘Los Pepes’, y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’ de ‘Rastrojos costeños’.
Tras la ola de críticas públicas, el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, suspendió el traslado a cárceles de Barranquilla de tres peligrosos cabecillas: Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ de ‘Los Costeños’; Digno Palomino de ‘Los Pepes’, y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’ de ‘Rastrojos costeños’.
El alto funcionario reconoció la falta de coordinación con autoridades locales y admitió que la lucha contra la criminalidad requiere institucionalidad unida y responsabilidades claras. En un comunicado difundido en redes sociales, Idárraga enfatizó que «por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido».
El ministro respondió directamente a los cuestionamientos del alcalde Alejandro Char, rechazando la caracterización de los traslados como «premios». Argumentó que las decisiones del Gobierno nacional buscaban frenar una violencia que la administración local no había podido contener.
Idárraga destacó logros de las negociaciones con grupos criminales: «A través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaron una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025», según datos del Ministerio de Defensa.
El ministro cuestionó el manejo de recursos de seguridad por parte de la administración municipal. Señaló que 2024 cerró como el año más violento en dos décadas con 487 homicidios, y que cuando Char asumió, la extorsión ya se había disparado 458% entre 2021 y 2023.
Idárraga hizo énfasis en los 78.000 millones de pesos del impuesto a la seguridad que administra la Alcaldía de Barranquilla, cifra que representa casi la mitad del recaudo departamental, cuestionando los resultados obtenidos con esos recursos.
El ministro planteó que antes del traslado se requiere una coordinación institucional integral entre el INPEC, la Policía Nacional, la Alcaldía de Barranquilla y las autoridades departamentales del Atlántico para garantizar vigilancia estricta y control permanente.
Idárraga reiteró que la tregua con los grupos criminales no es un «cheque en blanco». Los cabecillas deberán entregar resultados concretos y verificables en el desescalamiento de la violencia. «La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, una búsqueda de paz con resultados y cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla», concluyó.
