Sectores políticos, económicos y académicos advierten riesgos institucionales y fiscales.
La oficialización del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social por 30 días, ha generado un amplio rechazo político, gremial y académico en Colombia. La medida habilita al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley, incluidos ajustes tributarios, luego del fracaso de la reforma fiscal que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026.
Sectores políticos de la oposición han calificado la decisión como un abuso de poder y una vulneración al proceso democrático ordinario. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que “el Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas”, advirtiendo que ahora se busca “cobrar más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza”.
El senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) sostuvo que la medida es un “abuso de poder” y pidió a la Corte Constitucional que intervenga para proteger la legalidad y la separación de poderes. Parte de la oposición ya ha promovido acciones legales, incluyendo una acción de inconstitucionalidad radicada por la senadora María Fernanda Cabal, que argumenta que la situación fiscal del país no constituye un hecho imprevisible que justifique la emergencia económica.
Los gremios económicos también han expresado su preocupación. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) aseguró que el uso del estado de excepción no está jurídicamente justificado y que la medida podría afectar la planeación de proyectos, la inversión y la generación de empleo. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) cuestionó la transparencia del decreto y advirtió que la deuda pública y el déficit fiscal no representan causas extraordinarias que ameriten este tipo de medidas.
Expertos jurídicos y académicos han coincidido en que la emergencia económica, tal como fue declarada, podría vulnerar la Constitución al permitir que el Ejecutivo gobierne por decreto sobre materias que requieren debate legislativo, generando preocupación por la estabilidad institucional y la certeza jurídica en el país.
La medida ha generado un debate nacional sobre la conveniencia de este tipo de decretos, sus implicaciones sobre la inversión extranjera, la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes, y la eventual intervención de la Corte Constitucional para revisar su constitucionalidad. Mientras tanto, la opinión pública, los sectores políticos y los gremios mantienen una vigilancia estrecha sobre los efectos de la emergencia económica en la economía y la gobernabilidad del país.
