El gremio asegura que el uso del estado de excepción carece de justificación jurídica y genera incertidumbre para proyectos de vivienda e infraestructura
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresó su rechazo al Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social en Colombia. El gremio señaló que “el uso de un estado de excepción no resulta jurídicamente justificado”, argumentando que los retos fiscales que enfrenta el país no derivan de hechos imprevistos o extraordinarios, sino de circunstancias conocidas que deberían abordarse mediante mecanismos ordinarios de gestión financiera y control presupuestal.
En un comunicado, Camacol advirtió que la declaratoria de emergencia económica envía una señal negativa a la inversión y complica la planeación de proyectos de vivienda e infraestructura, sectores que requieren estabilidad y previsibilidad para atraer capital y desarrollar obras en todo el país. El presidente del gremio, Guillermo Herrera, enfatizó que la construcción es un motor clave de empleo formal y crecimiento económico, por lo que decisiones que alteren las reglas de juego podrían afectar la confianza de inversionistas y la ejecución de proyectos estratégicos.
El gremio también cuestionó que el estado de excepción se utilice como un mecanismo para evadir los procesos legislativos ordinarios, subrayando que existen herramientas legales suficientes para enfrentar el déficit fiscal y la deuda pública sin recurrir a medidas extraordinarias que debiliten la certeza jurídica. Camacol hizo un llamado a las autoridades para preservar el orden constitucional, garantizar transparencia y priorizar soluciones estructurales que fortalezcan la economía sin comprometer la inversión ni la planificación de obras públicas y privadas.
Expertos jurídicos han coincidido con el gremio en que, si bien la situación fiscal de Colombia es compleja, la emergencia económica no cumple con los criterios constitucionales para un estado de excepción, lo que podría generar un debate legal y político sobre la validez del decreto y sus efectos en la economía y la gobernabilidad.
La posición de Camacol se suma a las críticas de diversos sectores políticos y económicos, consolidando un frente que cuestiona tanto la legalidad como la oportunidad de la medida, mientras se espera que la Corte Constitucional y otros organismos de control evalúen su constitucionalidad y posibles impactos en la inversión y el desarrollo del país.
