Magistrados evalúan cómo garantizar el control constitucional del decreto que permitiría ajustes fiscales urgentes.
La Corte Constitucional de Colombia analiza la posibilidad de convocar una Sala Plena extraordinaria para ejercer control sobre un eventual decreto de emergencia económica que podría expedir el Gobierno nacional. La figura permitiría al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley, incluyendo ajustes fiscales, ante la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria en el Congreso, y estaría sujeta a control automático de la Corte.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el presidente Gustavo Petro contempla la declaratoria de emergencia económica para enfrentar un déficit presupuestal estimado en 16,3 billones de pesos para 2026. La medida permitiría al Gobierno tomar decisiones fiscales urgentes sin necesidad de la aprobación inmediata del Congreso, aunque dependerá del control constitucional para garantizar que se respete la legalidad y los derechos fundamentales.
Fuentes judiciales señalaron que, debido a la vacancia de la Corte entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, se está evaluando la posibilidad de convocar de manera excepcional a los magistrados para estudiar el decreto en cuanto sea expedido. El objetivo es asegurar que la medida, de ser adoptada, cuente con la supervisión necesaria para prevenir posibles perjuicios a la economía y al orden institucional.
El posible decreto ha generado reacciones de diversos sectores económicos y gremiales. El Consejo Gremial Nacional y la Alianza Aliadas solicitaron a la Corte que priorice el control automático del decreto, incluso durante la vacancia judicial, para garantizar que las medidas extraordinarias se ajusten a la Constitución. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación, advirtiendo sobre los riesgos de utilizar la emergencia económica durante la vacancia y la posibilidad de vulnerar las facultades del Congreso.
La situación refleja la tensión entre las facultades extraordinarias del Ejecutivo en situaciones de crisis fiscal y la necesidad de control judicial y constitucional, especialmente en un periodo en que el principal órgano de control constitucional no opera en plenitud. Por ahora, la Corte no ha emitido una convocatoria formal, pero la posibilidad de una Sala Plena extraordinaria para analizar y, en su caso, aprobar o suspender el decreto está sobre la mesa, en espera de la decisión final del Gobierno.
