El encuentro en La Picota fue transmitido por RTVC y estuvo encabezado por Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz en el Atlántico.
La tregua firmada entre las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, sellada con el saludo de sus máximos cabecillas, se convirtió en uno de los hechos judiciales más impactantes de 2025. Hoy, ese acuerdo es la base de un acercamiento exploratorio de paz con el Gobierno nacional, en el que exjefes paramilitares serían considerados como posibles garantes del proceso.
El jueves 2 de octubre de 2025, en una sala de la cárcel La Picota, en Bogotá, se produjo una escena que durante años parecía impensable. Digno José Palomino Rodríguez, jefe de ‘los Pepes’, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, líder máximo de ‘los Costeños’, se sentaron frente a frente, se estrecharon la mano y anunciaron un cese de actividades criminales en Barranquilla y su área metropolitana.
El gesto tuvo una fuerte carga simbólica. Marcó, al menos en el discurso, un punto de inflexión en una guerra criminal que en los últimos tres años ha dejado, según investigadores y expertos, al menos 800 personas muertas, la mayoría jóvenes. Aunque en el pasado Palomino y Castor fueron amigos, compadres y aliados, la disputa por el control de rentas ilegales —como la extorsión, el tráfico de drogas y el dominio territorial— los llevó a una confrontación violenta que se extendió por barrios de Barranquilla y municipios cercanos.
A esta pugna se sumaron otros actores armados. De acuerdo con análisis de seguridad, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) habrían brindado apoyo logístico a ‘los Pepes’, mientras que los ‘Rastrojos Costeños’ se alinearon con ‘los Costeños’ para fortalecer su estructura, aunque varias de estas versiones siguen siendo materia de investigación.
El encuentro en La Picota fue transmitido por RTVC y estuvo encabezado por Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz en el Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla. También asistieron funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y los abogados defensores de ambos jefes criminales.
Durante el acto, alias Castor leyó el acuerdo firmado ante representantes del Gobierno. En su intervención aseguró que los firmantes, plenamente identificados, se acogían de manera libre y voluntaria a la invitación del presidente Gustavo Petro para iniciar una hoja de ruta orientada a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someterse a la ley por los delitos cometidos en Barranquilla, su área metropolitana y el Atlántico.
Díaz Collazos afirmó que el acuerdo también respondía al deseo de recuperar la convivencia pacífica en la ciudad y de crear condiciones para que niños y jóvenes de barrios populares tengan alternativas distintas a la violencia. “Nos anima contribuir a que nuestros hijos y familiares tengan otra oportunidad en la vida y ejerzan su derecho a vivir en paz”, señaló.
El pacto incluyó tres compromisos centrales: el cese de actividades ilícitas hasta el 20 de enero de 2026 como gesto inicial de desescalamiento; la desvinculación de las fiestas de picós del control territorial criminal para promoverlas como espacios de convivencia; y la convocatoria a otras organizaciones delincuenciales que inciden en la inseguridad del Atlántico para que se sumen al proceso de paz urbana.
Tras el acto, hubo muestras de cordialidad, intercambio de contactos y amplia exposición mediática, incluida una entrevista de media hora a alias Castor en una emisora nacional en horario estelar, lo que dio la sensación de que el proceso avanzaba sin tropiezos.
Sin embargo, apenas 24 horas después de firmado el llamado ‘Pacto de La Picota’, una masacre en Barranquilla sacudió el panorama. Hombres armados en motocicleta llegaron a una barbería del barrio Pinar del Río, en el suroccidente de la ciudad, y asesinaron a tres personas. El hecho generó serios cuestionamientos y puso en duda el alcance real del acuerdo recién anunciado.
El investigador Luis Fernando Trejos calificó el pacto como un anuncio relevante que podría traducirse en alivio para comerciantes y en la salvación de vidas, pero advirtió sobre vacíos que amenazan su viabilidad. Entre ellos mencionó la ausencia de autoridades locales, el papel de los mandos medios y de los llamados alter ego criminales, así como la falta de claridad sobre quién asumiría la oferta institucional necesaria para facilitar la transición a la legalidad de jóvenes vinculados a estas estructuras, especialmente en medio de las restricciones de la Ley de Garantías.
Por su parte, el ex personero de Barranquilla Arturo García Medrano destacó el apretón de manos como uno de los gestos más simbólicos en cualquier proceso de diálogo, aunque advirtió que solo tendría sentido si estaba respaldado por sinceridad y compromisos verificables. También señaló que persiste un alto nivel de desconfianza ciudadana hacia la institucionalidad, reflejado en redes sociales, donde muchos temen que estos procesos deriven en impunidad más que en justicia.
A la fecha, las dudas y desafíos siguen abiertos, mientras el país observa si la tregua entre ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’ logra consolidarse como un verdadero camino hacia la paz urbana o queda como un gesto simbólico en medio de un conflicto aún latente.
