Comerciantes denuncian afectaciones económicas y de movilidad, mientras la Fiscalía admite limitaciones logísticas y plantea soluciones estructurales.
La acumulación de motocicletas y vehículos incautados en las afueras de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Barranquilla se ha convertido en una problemática persistente que inquieta a comerciantes y residentes del sector. Los automotores, muchos en estado de abandono o deterioro, permanecen en vía pública generando un impacto negativo en el entorno urbano.
Según actores cercanos al tema, la zona ha llegado a ser percibida como un “cementerio de motos”, debido a la constante llegada de vehículos vinculados a procesos judiciales. El abogado Miguel Mercado señaló que esta situación estaría relacionada con demoras en los trámites para su traslado a patios autorizados, indicando que “este es un trámite de policía judicial […] que debería hacerse de manera inmediata”.
A esta situación se suman las afectaciones económicas. Comerciantes como Luz Marina Betancourt aseguran que la congestión ha limitado el acceso a los locales y reducido la afluencia de clientes. “La gente ya no quiere venir a comprar ni alquilar”, afirmó, tras señalar que, pese a algunas intervenciones, el problema reaparece en pocos días.
Desde la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico, reconocieron las dificultades y explicaron que la acumulación responde a limitaciones logísticas, entre ellas la falta de un espacio transitorio para resguardar los vehículos mientras se surten los procedimientos judiciales. “Carecemos de un área donde podamos mantener provisionalmente los vehículos”, indicaron.
La entidad también precisó que el flujo constante de casos —cerca de 200 automotores mensuales—, sumado a la disponibilidad limitada de grúas y la necesidad de agrupar traslados, impide una evacuación más ágil. Esto provoca que los vehículos permanezcan más tiempo del previsto, incrementando la congestión en la zona.
Frente a este panorama, la Fiscalía informó que adelanta gestiones con autoridades distritales para implementar soluciones estructurales, como la habilitación de un patio temporal. La medida buscaría descongestionar el sector y evitar que la vía pública continúe siendo utilizada como depósito provisional de automotores.
