Según fuentes políticas, se trataría del mismo personaje al que el exsenador Laureano Acuña se refirió en audios filtrados, afirmando que le había “quedado mal” con un dinero y que había “salido con un pastel de masa”.
Un juez penal de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez Castro y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional. Los procesados son señalados de integrar una sofisticada red de corrupción que facilitaba el contrabando liderado por Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.
El nexo político: ¿El hombre del “pastel de masa”?
La captura de Gómez Castro ha reavivado una fuerte controversia en el Atlántico. Según fuentes políticas, se trataría del mismo personaje al que el exsenador Laureano Acuña se refirió en audios filtrados, afirmando que le había “quedado mal” con un dinero y que había “salido con un pastel de masa”.
Este incumplimiento financiero habría provocado que, en su momento, líderes barriales llegaran hasta la vivienda de Acuña en el norte de Barranquilla para reclamar airadamente el supuesto pago por votos de ciudadanos que iban a participar en transacciones electorales.
La estructura criminal y las «cachetadas» de 300 millones
De acuerdo con la Fiscalía, la captura de Gomez Castro, se evidenció que la red operaba mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos para permitir el ingreso y tránsito de mercancía ilegal por los puertos de Barranquilla y Cartagena.
- El rol de Gómez Castro: Fungía como articulador, gestionando reuniones con altos funcionarios y uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) para influir en decisiones que favorecieran a la organización de alias ‘Papá Pitufo’.
- El «peaje» del contrabando: La investigación reveló que la red pagaba dádivas, denominadas internamente como “cachetadas”, que podían alcanzar hasta los 300 millones de pesos mensuales para evitar inspecciones.
Exoficiales implicados
La medida de aseguramiento también cobija a los exuniformados Faudel Luis Salazar Piñeros (quien fue jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena), José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
Salazar Piñeros es señalado de direccionar a sus subalternos para permitir la salida de contenedores cargados con textiles y cigarrillos sin la documentación legal. Otros implicados se encargaban de identificar funcionarios «comprables», recolectar dinero de comerciantes y transportar los recursos ilícitos.
Cargos y situación jurídica
Durante las audiencias, el ente acusador imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias de servidor público, tráfico de influencias de particulares.
Pese a la contundencia de las pruebas y las interceptaciones, ninguno de los investigados aceptó los cargos. El juez determinó que los procesados representan un peligro para la sociedad y podrían obstruir la justicia, por lo que deberán enfrentar el juicio desde una prisión.
