La Procuraduría General de la Nación inició una revisión preventiva al proyecto de decreto del Gobierno que busca modificar la forma en que se fija el precio de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia, con el fin de analizar sus posibles impactos económicos, jurídicos y sociales.
El Ministerio Público convocó una mesa interinstitucional en la que participaron entidades del Gobierno como los ministerios de Vivienda, Hacienda y Comercio, además del Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Industria y Comercio y representantes del sector constructor y financiero.
El cambio que analiza el Gobierno consiste en modificar el sistema con el que se calcula el precio de la vivienda VIS, pasando de un esquema basado en salarios mínimos a uno establecido directamente en pesos colombianos. La Procuraduría solicitó al Ministerio de Vivienda la información técnica que respalda esta propuesta para evaluar sus efectos.
La entidad también busca claridad sobre el régimen de transición para proyectos de vivienda que ya están en marcha y sobre las promesas de compraventa que fueron firmadas bajo el sistema actual, con el fin de evitar posibles conflictos contractuales o financieros para compradores y constructores.
De acuerdo con el organismo de control, cualquier modificación normativa debe garantizar seguridad jurídica, estabilidad para el sector de la construcción y protección para los hogares beneficiarios de programas de vivienda, por lo que se continuarán realizando mesas técnicas para analizar el alcance de la medida.
