La representante a la Cámara por el Atlántico y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Jezmi Barraza Arraut, advirtió sobre la falta de recursos suficientes y de respuestas oportunas por parte del Estado frente a la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en la región Caribe.
Durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista solicitó a la Mesa Directiva de la corporación agendar y dar trámite inmediato al proyecto de ley Entornos Seguros, de su autoría, con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y protección de los menores de edad.
Barraza insistió en que la protección de la niñez requiere acciones concretas y oportunas para evitar que se presenten hechos de violencia. En su intervención, sostuvo que el Estado tiene la obligación de prevenir estas situaciones y actuar a tiempo, en lugar de limitarse a responder después de que ocurran.
De acuerdo con los reportes de abril de la Gobernación del Atlántico presentados por la representante, en el departamento se registraron 295 embarazos en adolescentes de entre 10 y 19 años, de los cuales 111 se concentraron en Soledad. Asimismo, se reportaron 26 casos de violencia sexual contra menores de 14 años y un incremento del 33,3 % en la fecundidad de niñas de ese mismo grupo de edad.
A este panorama se suma la Alerta Temprana 019-26 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre situaciones de vulnerabilidad relacionadas con la presencia de estructuras armadas en municipios como Baranoa, Luruaco, Polonuevo, Repelón y Sabanalarga. También se han señalado demoras en los procesos de restablecimiento de derechos y falta de personal en las Defensorías de Familia.
La representante cuestionó además la distribución de los recursos contemplados en el Presupuesto General de la Nación para 2027, al considerar que las partidas destinadas al Atlántico resultan insuficientes frente a las necesidades de protección de la niñez.
Según las cifras expuestas durante su intervención, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuenta con más de 10,4 billones de pesos de inversión a nivel nacional. Sin embargo, para el Atlántico se contemplan 39.210 millones de pesos destinados a prevenir y atender situaciones de riesgo y vulneración de los derechos de los menores, mientras que 5.466 millones de pesos corresponden a la articulación territorial del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Barraza comparó estas asignaciones con los 2,3 billones de pesos de inversión departamental total y cuestionó la proporción de los recursos destinados a la protección directa de los menores frente a la violencia. La congresista señaló que la ejecución presupuestal, por sí sola, no garantiza que una niña reciba protección de manera oportuna.
Finalmente, la representante solicitó formalmente al ICBF, a la Gobernación del Atlántico y a las autoridades de salud y justicia un informe técnico, transparente y actualizado que detalle los tiempos reales de respuesta institucional, las vacantes pendientes por proveer y el nivel de ocupación de los hogares de paso.
